El Gobierno puso en marcha la privatización de AySA: licitación, acciones privadas y polémica

El Gobierno Nacional dio inicio formal al proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la decisión responde a un “fuerte deterioro de la infraestructura y los costos operativos” y a los “13.400 millones de dólares que la empresa demandó del Tesoro desde su estatización en 2006”.

Según se informó, el proceso será mixto: por un lado, se lanzará una licitación pública nacional e internacional para elegir un operador estratégico, y por el otro, se habilitará una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a inversores privados.

El Estado conservará solo el 10% de las acciones, las cuales quedarán en manos de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

“Este es el paso más importante en el camino hacia la irremediable privatización de AySA”, aseguró Adorni.

La medida se enmarca en la Ley Bases, que habilita la privatización de varias empresas públicas. Además de AySA, también figuran en la lista Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos e Intercargo, entre otras.

Un cambio con historia (y con números)

AySA fue creada en 2006, luego de la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, empresa privatizada en los ‘90 bajo la presidencia de Carlos Menem. En aquellos años, el incumplimiento de metas, la falta de presión y la presencia de nitratos en el agua llevaron a la ruptura del contrato con la francesa Suez.

Durante su etapa estatal (2006-2015), 3 millones de personas fueron incorporadas al servicio de agua potable y más de 2 millones a la red de cloacas, según datos oficiales. Sin embargo, el Gobierno actual sostiene que, pese a esos avances, la gestión es insostenible.

El proceso de venta comenzará este viernes 18 de julio y estará regulado por la Comisión Nacional de Valores. Desde el oficialismo apuntan a modernizar el servicio y atraer inversiones privadas, mientras desde la oposición y sectores sindicales ya se alertó sobre los riesgos de entregar un recurso estratégico como el agua al mercado.