![Alberto Fernández estalló contra el Gobierno por la reacción al intento de Golpe de Estado en Bolivia](./uploads/noticias/3/2024/07/20240702011817_420116-whatsapp-20image-202022-03-22-20at-2010-35-08-20am.jpg)
![Alberto Fernández estalló contra el Gobierno por la reacción al intento de Golpe de Estado en Bolivia](./uploads/noticias/4/2024/07/20240702011817_420116-whatsapp-20image-202022-03-22-20at-2010-35-08-20am.jpg)
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron una nueva Ley Penal Juvenil que enviarán al Congreso, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad", aseguró Bullrich y Cúneo Libarona sumó: "Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen".
De esta manera, el proyecto plantea que los adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan un delito puedan ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo".
DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO pic.twitter.com/02uHiOXkLi
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2024
A su vez, establece una escala de penas que iría desde 3 hasta 6 años cuando no haya muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica, "lesiones gravísimas" en delitos culposos, u otros procesos o condenas. La pena también podría ser sustituida por "amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico".
Por su parte, las penas máximas serían de 20 años, mientras que todo el proceso estaría acompañado por un "control de cumplimiento" donde el juez o fiscal a cargo deberá verificar que las penas estén siendo debidamente contempladas.