Después del acuerdo que llevó a cabo el Gobierno de la Nación con Reino Unido para reanudar los vuelos entre Córdoba e Islas Malvinas, el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata llevó a cabo una denuncia penal por "violación de los deberes de funcionario público".

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La acusación es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -también conocido como Cancillería-, Diana Mondino, quienes acordaron retomar el diálogo con el país británico.

DENUNCIAMOS PENALMENTE AL PRESIDENTE JAVIER GERARDO MILEI Y A LA CANCILLER DIANA ELENA MONDINO

Desde el @cecimlaplata formulamos denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público, a partir de la tragedia diplomática de conceder, por acuerdo, ventajas al Reino… pic.twitter.com/3Bn88ui303

— Jerónimo Guerrero Iraola (@jerogi) October 1, 2024

"Comprendemos que las personas denunciadas han actuado con temeridad, con conocimiento pleno de sus actos (...), en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, en su amplia caracterización, a saber: soberanía territorial, marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, alimentaria, antártica, entre otras", señala el escrito presentado.

Además, defiende: "A nadie puede escapársele el desarrollo de prácticas ilegales, conforme la legislación argentina, que empresas extranjeras desarrollan en nuestras aguas y nuestra plataforma continental, con la anuencia de un Estado que ejerce posesión ilegal, ilegítima y colonial sobre el territorio insular argentino".

"¿Es propio de los deberes de un funcionario público de primera línea el conceder en forma unilateral ventajas fácticas y jurídicas a una potencia que detenta el territorio en modo ilegal e ilegítimo? (...) ¿Qué ventajas obtiene nuestra Nación? ¿Qué rédito o retorno? La soberanía no se discutirá y para colmo, se convalida la explotación ilegal de nuestros bienes naturales", asegura.

En ese sentido, la denuncia quedó asignada a la jueza federal María Servini y tendrá lugar en los tribunales federales de Retiro.