Por: Sergio Dumrauf. Referente de CANPO

No hay dudas de que la denominada “Revolución Verde”, a partir de los años 60, transformó la agricultura en una actividad híper lucrativa, especulativa y beneficiosa para unos pocos, llevando adelante una reforma agraria a la inversa, profundizando aún más la ya concentrada estructura de tenencia de la tierra en manos de grandes grupos económicos, principalmente nacionales, pero también trasnacionales. Usufructuando el avance tecnológico, la introducción de insumos químicos y maquinarias de escala se obtuvieron altísimos niveles de producción y rentabilidad, que profundizaron el monopolio y hegemonía del modelo agroindustrial a escala mundial. Expulsa a lxs trabajadorxs de la tierra, a lxs pequeñxs y medianxs productorxs, a campesinxs, generando una agricultura sin agricultorxs. La población rural migra a las grandes ciudades, sin oportunidades laborales, por lo que se genera mayor desocupación, pobreza y exclusión de los sectores populares, con la consecuente pérdida de la vida y cultura campesino-indígena y rural.

La década de los noventa, significo una profunda reconfiguración a para el agro argentino. Las condiciones macroeconómicas de un dólar subvaluado, y de precios internacionales de los productos agropecuarios y agroindustriales relativamente bajos, provocó la inviabilidad económica de miles de productores familiares, pequeños y medianos que debieron abandonar la producción. Las diferencias intercensales entre los censos agropecuarios de 1988 y del censo 2002, demuestran que en ese período de tiempo dejaron la actividad más de 100.000 productores, que representaban el 25% de los productores totales.

En los ´90, el Estado Neoliberal cerró la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, los organismos reguladores de la actividad en las Economías Regionales (en la vitivinicultura, en el azúcar, etc.). Esto condenó a la desaparición de más de 100.000 productores pequeños y medianos, al disolver los organismos que equilibraban y ordenaban cuotas, precios y venta para estas producciones.

Esta década significó un aumento muy importante de la exclusión en el campo, con la desaparición no solo de productores, sino también de cientos de pueblos rurales y de servicios públicos (educación, salud, etc) ligados a brindar las mínimas condiciones de vida para los pobladores rurales. Sin embargo, como contracara de la situación, aumenta el 12% del PBI agropecuario, el 80% las exportaciones del sector, crece el 200% las ventas de maquinaria agrícola y aumenta el 400% el uso de fertilizantes químicos.  En definitiva, se empieza a consolidar un modelo de “agricultura sin agricultores”.

La devaluación del 2002 y la “pesificación asimétrica” cambiaron diametralmente las condiciones económicas de los productores más capitalizados. En este sentido, comienza un ciclo de alta rentabilidad económica, acompañado por precios internacionales altos para los comodities, que se mantiene durante varios años. En el año 2002, también se instalan las retenciones agropecuarias, “impuesto” a la exportación de granos y oleaginosas que tiene como objetivo, redistribuir una parte de la renta extraordinaria que generan las exportaciones de productos agropecuarios, fundamentalmente la soja y sus derivados; a la vez que permiten desconectar precios internos con los precios internacionales y aumentar la recaudación tributaria, en el marco de un estado activo e interventor.

Son años de bonanza para los agronegocios de nuestro país. Los precios internacionales de granos y oleaginosas se mantienen durante unos cuantos años muy altos, producto de nuevos países demandantes en el mercado internacional, como China e India y por la especulación financiera internacional, que toma a estos productos como fuente de su especulación.

En la región pampeana la introducción y adopción del cultivo de soja transgénica, junto a la siembra directa, impactaron en gran forma, reconfigurando las regiones, los actores sociales y el trabajo rural. A fines de los noventa, hace su ingreso un hito tecnológico, que profundiza el cambio en el agro argentino, la introducción de un paquete tecnológico conformado por: siembra directa, utilización de glifosato (herbicida de síntesis) en grandes volúmenes y de semilla transgénica de soja resistente a dicho herbicida. La generalización de esta tecnología, provoca un fenómeno denominado Agriculturización, ya que las explotaciones pampeanas predominantemente mixtas (agricultura y ganadería), pasan a ser sólo agrícolas y en la mayoría de los casos, cultivan sólo soja, conformando el fenómeno denominado Sojización. Se pierde en gran medida la biodiversidad, en muchos casos hay pérdida de fertilidad y se privilegia la rentabilidad en el corto plazo, por sobre la sustentabilidad de los sistemas productivos.

Se produce un fenómeno denominado Pampeanización en otras regiones del país. Avanza la frontera agrícola, básicamente con el cultivo de la soja, que resiste una relativa sequía y que con este nuevo paquete tecnológico resulta muy rentable. Esta situación ocurre fundamentalmente en el chaco salteño, afectando zonas de las provincias de Chaco, Formosa, Salta entre otras. Este tipo de producción genera consecuencias muy graves en la región. Consecuencias sociales, económicas, ambientales y culturales. Estos ecosistemas (el monte nativo), son muy frágiles por lo tanto en la mayoría de los casos, el cultivo de soja, sobre soja; provoca pérdida de fertilidad y “desertificación”, transformándose en el mediano plazo en tierras improductivas e inutilizables. Por otro lado, los grandes productores de soja (agronegocios), expulsan a los campesinos y otros productores familiares, impidiendo generar el sustento para su reproducción y provocando la desaparición de cientos de pueblos rurales. Además, el cambio climático, con las constantes emergencias relacionadas con sequías, inundaciones, granizadas y vientos muy intensos, están asociados a estas transformaciones radicales en los ecosistemas frágiles en nuestro país.

Al mismo tiempo que se consolidaba la transnacionalización y globalización de la agricultura y de los procesos agroindustriales, se introdujeron los cultivos transgénicos, se extendió el supermercadismo profundizando la concentración y extranjerización de la distribución y ventas de alimentos. Siendo su único objetivo maximizar sus ganancias, a costa del hambre de los pueblos y de perjudicar a la Madre Tierra.

En el año 2002, a partir de la asunción de Lula Da Silva, en la presidencia de Brasil, comienzan una serie de políticas para los pequeños productores agropecuarios en dicho país. Se lleva adelante el PRONAF (Programa de Agricultura Familiar), un muy importante programa de crédito que beneficia y promueve a los productores familiares. En este marco se crea la REAF (Red Especializada en Agricultura Familiar), en el seno del MERCOSUR. La REAF, es la plataforma para la planificación e implementación de diferentes políticas en los países miembros, y toma como sujeto destinatario al agricultor familiar, productor que tiene como objetivo la reproducción de la familia en condiciones dignas, que vive en el campo, y que pone en el centro de su estrategia de producción y vida, el trabajo de la familia. 

A partir de esta definición de los Estados miembros del MERCOSUR, en nuestro país, se llevan adelante distintas políticas. La creación del Foro Nacional de Agricultura Familiar  (FoNAF), la revalorización del INTA y la creación de los IPAF (Institutos para la Agricultura Familiar), la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, el RENATEA entre otras políticas. Políticas de intervención que si bien impactaron en los productores familiares, campesinos e indígenas de nuestro país, el llamado conflicto de las retenciones de la “resolución 125”, significó un fuerte impacto para el conjunto del campo popular y la dificultad de avanzar con otras reformas necesarias para sostener y fortalecer una “agricultura con agricultorxs”.

Es imprescindible construir una Argentina con Soberanía Alimentaria, con un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todxs. En dónde se  afirme el derecho a la alimentación diversa y de calidad para toda la población. Es necesario desarrollar un nuevo paradigma: desde enfoques sustentables producir en escala alimentos sanos y económicos para el conjunto de la sociedad, apuntando a erradicar el hambre y la pobreza en la Nación, en la región y en el mundo.

Se necesita desarrollar un modelo sustentable y soberano de producción: ciencia y tecnología orientadas para la producción de alimentos sanos; tierra para quienes la trabajan; comercio internacional con control de las divisas por parte del Estado; mercado interno con apropiación equitativa de la renta en los distintos eslabones de comercialización y agregado de valor; protección y desarrollo del trabajo agrario; escuelas rurales y educación pública para favorecer el arraigo, el desarrollo de la Agricultura Familiar y local, recursos genéticos en manos del Estado; políticas activas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las desigualdades de género en el campo; políticas de arraigo rural que permitan la inclusión de lxs jóvenes rurales; desarrollo territorial en el marco de la interculturalidad y la plurinacionalidad de los pueblos originarios, campesinxs, agricultorxs familiarxs y PyMEs agroalimentarias. 

Nuestro campo está tensionado por diferentes intereses y actorxs sociales, que tienen que ver con la producción de alimentos, la ocupación del territorio, la generación de trabajo, el desarrollo rural y también con la generación de divisas.  Es muy importante, analizar la coyuntura, aunque siempre con una mirada estratégica en los principales lineamientos  que pongan en el centro de la escena, a la mesa de lxs argentinxs, la ocupación del territorio y el desarrollo rural.