El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que agrave la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, al considerar que debe ser condenada a 12 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. El pedido incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de más de 5 mil millones de pesos.

El dictamen de Casal, de 13 páginas, ratifica la postura de los fiscales que actuaron en las distintas instancias del proceso, como Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar. Todos habían solicitado una condena de 12 años para la expresidenta por considerar que lideró una asociación ilícita que operó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para beneficiar con contratos de obra pública a las empresas del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La Corte Suprema había habilitado la revisión del fallo tras una presentación del fiscal Villar, quien cuestionó que tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara de Casación hayan descartado el delito de asociación ilícita y hayan considerado solo la administración fraudulenta. Casal sostuvo que esa interpretación fue errónea y calificó de “arbitrario” el razonamiento de los jueces, al remarcar que la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública no puede ser vista como un único hecho aislado, sino como parte de un esquema sistemático de corrupción.

En su presentación, el Procurador señaló que la organización delictiva funcionó durante más de una década, atravesando tres mandatos presidenciales, y que sus integrantes no establecieron un “catálogo detallado” de acciones, sino que actuaron con un plan general para beneficiar a Báez mediante la manipulación de licitaciones, sobreprecios, pagos adelantados y obras que en muchos casos no se ejecutaron o se demoraron sin justificación.

Casal también pidió revocar las absoluciones de Julio De Vido, exministro de Planificación; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad Provincial. Según el dictamen, De Vido fue “uno de los principales organizadores” del esquema y actuó sabiendo que contribuía a un plan criminal. Respecto a Garro, Casal afirmó que conocía en detalle el funcionamiento fraudulento del sistema y que su designación respondió precisamente a su disposición para ejecutarlo.

El Procurador sostuvo además que a los condenados se les debe decomisar la suma de $5.321.049.272,42, correspondiente al valor actualizado de la defraudación. Ese monto había sido reducido por la Cámara de Casación, lo cual también fue cuestionado por el Ministerio Público.

Actualmente, Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, en un fallo dictado en diciembre de 2022 por el TOF 2. Esa sentencia fue confirmada por Casación en noviembre del año pasado, aunque en ambas instancias hubo votos disidentes que sí consideraron que debía aplicarse también la figura de asociación ilícita.

La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, insiste en su absolución total. En su presentación ante la Corte, sostuvo que el proceso estuvo plagado de “violaciones a garantías constitucionales” y que los jueces incurrieron en una “grosera arbitrariedad”. Además, anticiparon que, si se confirma la condena, recurrirán a organismos internacionales.

Ahora, la decisión final está en manos de los jueces de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, quienes deberán resolver si confirman la condena, la agravan o la revierten. Aunque no hay plazos establecidos para el fallo, su impacto podría ser decisivo en un año electoral en el que Cristina Kirchner aún es considerada una figura central del escenario político nacional.