La Cámara Federal de La Plata ratificó la decisión de suspender el Decreto 116/2025, con el que el gobierno de Javier Milei buscaba transformar al Banco Nación (BNA) en una sociedad anónima. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no tiene facultades delegadas por el Congreso para modificar la naturaleza jurídica del banco, que fue expresamente excluido del plan de privatizaciones en la Ley Bases.

El fallo de la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, confirmó una medida cautelar previa dictada por el juez Alejo Ramos Padilla. La resolución sostiene que el decreto presidencial fue dictado en exceso, ya que no puede aplicarse a una entidad cuya transformación fue desautorizada por el propio Congreso.

Un fallo con respaldo sindical y alcance nacional

La causa fue impulsada por un grupo de empleados del Banco Nación, con el acompañamiento institucional de la Asociación Bancaria como amicus curiae. El gremio representa a más de 17.000 trabajadores en todo el país y sostiene que la conversión del banco en sociedad anónima abriría la puerta a una futura privatización.

En su fallo, la Cámara destacó que los empleados estaban legitimados para realizar el reclamo judicial, ya que el cambio propuesto afectaba directamente su vínculo laboral con una entidad pública. El tribunal también valoró la exclusión explícita del Banco Nación del capítulo de privatizaciones en la Ley 27.742, lo que, a su juicio, deja fuera de juego cualquier interpretación que habilite al Ejecutivo a modificar su estatus sin una ley del Congreso.

La respuesta del Gobierno

Desde la Casa Rosada defienden el decreto como una herramienta para “modernizar” y “capitalizar” al banco, al permitirle operar con mayor flexibilidad y eficiencia. Argumentan que la figura de sociedad anónima facilitaría el acceso a financiamiento y fortalecería el crédito privado, especialmente para las PyMEs. En esa línea, el Banco Nación emitió un comunicado en el que adelantó que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.

“La sentencia reafirma la vocación de ciertos sectores por achicar el Banco y apartarlo de su rol estratégico de financiamiento a las familias y empresas argentinas”, sostuvo la entidad en un comunicado oficial. Y agregó: “La transformación en Sociedad Anónima busca impulsar la transparencia y la eficiencia del banco, que en los últimos años ha reducido su participación en el crédito al 6,5% del PBI, frente al 25% que supo tener en los noventa”.

La decisión del Congreso como límite

El juez Ramos Padilla ya había señalado en su fallo de primera instancia que el Banco Nación fue creado por ley en 1891, y que cualquier cambio sobre su situación jurídica debe pasar por el Congreso.

Los jueces fueron enfáticos al señalar que el Congreso, al excluir al Banco Nación de la lista de entidades privatizables en la Ley Bases, dejó en claro su voluntad de mantener la figura actual del banco. Por lo tanto, cualquier intento de transformación requiere de una ley específica, y no puede realizarse mediante un decreto.

Próximos pasos

El Gobierno nacional ya anticipó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema y no descarta insistir con un nuevo proyecto legislativo si logra consolidar mayoría parlamentaria tras las elecciones de octubre. Por ahora, sin embargo, el Banco Nación seguirá funcionando como ente autárquico, sin posibilidad de transformarse en sociedad anónima por decreto.

Este fallo representa un nuevo límite para el oficialismo en su intento de reestructurar el Estado mediante decretos delegados y refuerza la discusión sobre el alcance real de la Ley Bases. También marca un antecedente clave para futuros intentos de reforma estructural sin consenso legislativo.