El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución sin precedentes que expone al régimen de Guinea Ecuatorial por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en la isla de Annobón. El dictamen, fechado el 10 de junio, ordena la liberación inmediata de 37 ciudadanos annoboneses que fueron secuestrados, torturados y mantenidos incomunicados durante meses por fuerzas del gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

La resolución, elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, califica los hechos como detenciones arbitrarias motivadas por razones étnicas, culturales y nacionales. Según Naciones Unidas, estos actos configuran una forma de persecución racial, una de las violaciones más graves reconocidas por el derecho internacional.

Las víctimas -entre las que se encuentran artistas, docentes y referentes comunitarios- fueron brutalmente reprimidas luego de participar en protestas contra la contaminación ambiental, el saqueo de recursos naturales y la destrucción de viviendas en la isla. Como consecuencia, Annobón permanece bajo una estricta ocupación militar, sin acceso a internet ni comunicaciones telefónicas, y con su población sometida al miedo, el hambre y la represión.

El pronunciamiento internacional exige además que el Estado indemnice a las víctimas, investigue penalmente a los responsables y publique oficialmente la condena. El mismo día en que se notificó la resolución, el régimen anunció la liberación forzada de los secuestrados, en un intento por evitar mayores repercusiones.

La acción legal fue impulsada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro de la autoproclamada República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar. Ambos consideraron el fallo como un hito en la lucha por los derechos del pueblo annobonés y un llamado urgente a la comunidad internacional para poner fin al aislamiento, la violencia estatal y el colonialismo encubierto que padecen desde hace décadas.