Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner. En un escrito presentado este martes, enumeraron una serie de argumentos por los cuales consideran que la expresidenta debe cumplir la condena en un establecimiento carcelario y no en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

Entre los principales puntos, los fiscales sostuvieron que la prisión domiciliaria no es un derecho automático, sino que se trata de una “excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad” que sólo puede concederse si existen causas debidamente justificadas.

“Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley”, señalaron.

En ese marco, Luciani y Mola descartaron los argumentos de seguridad y edad presentados por la defensa de la exvicepresidenta y consideraron que no hay razones humanitarias ni de salud que justifiquen el beneficio.

Según el escrito, “la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”.

También citaron el informe socioambiental realizado el 12 de junio de 2025, donde la propia Cristina Kirchner afirmó “encontrarse en un buen estado de salud general”. Respecto a la edad -otro de los motivos invocados por la defensa-, indicaron que si bien puede ser una condición a considerar, “no es suficiente por sí sola”.

Condiciones en caso de que se conceda

Aunque el rechazo fiscal no es vinculante y la decisión final está en manos del tribunal, Luciani y Mola también propusieron una serie de condiciones en caso de que se otorgue el arresto domiciliario.

Entre ellas, destacaron que Cristina Kirchner debería usar tobillera electrónica, estar sujeta a estrictas normas de control y seguimiento, y que se aseguren las condiciones de seguridad, integridad y dignidad durante el cumplimiento de la pena.

“Se deberán establecer pautas serias y concretas para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y la seguridad de la peticionante”, indicaron.

Ahora, será el juez quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la defensa o si, como plantearon los fiscales, Cristina Kirchner debe cumplir la condena en una unidad penitenciaria.