A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo nacional oficializó este martes una ampliación del Presupuesto 2025 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a áreas consideradas prioritarias como salud, seguridad, educación, subsidios a tarifas y el pago de deuda pública. Se trata de la segunda modificación presupuestaria del año y fue dispuesta mediante el DNU 425/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete.

La medida introduce una redistribución de fondos públicos en un contexto de emergencia económica, y alcanza a organismos nacionales, entes descentralizados, ministerios y beneficiarios de pensiones. En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que resulta necesario “asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones” y evitar que “peligre la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado nacional”.

Refuerzo para hospitales, ANSES, universidades y subsidios

Uno de los focos principales del DNU está puesto en el área de salud, en medio del conflicto con el Hospital Garrahan. Se destinarán fondos adicionales a hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Hospital del Bicentenario. El refuerzo apunta a cubrir salarios, funcionamiento, equipamiento, medicamentos e insumos médicos.

También se incrementó el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para cubrir subsidios por hemofilia, pensiones no contributivas y sus prestaciones médicas asociadas.

En educación, se aumentaron las partidas para sostener los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales. Por su parte, ANSES recibirá más fondos para prestaciones previsionales, Asignaciones Familiares y prestaciones por desempleo.

En materia energética, el Ministerio de Economía verá reforzados sus créditos para cubrir subsidios de tarifas eléctricas y la compensación por Zona Fría. Además, se modificó el artículo 116 de la Ley 27.467 para garantizar que la recaudación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica sea distribuida entre Nación y provincias según los coeficientes del Consejo Federal de Energía Eléctrica.

Seguridad y defensa: aumentos y nuevas partidas

El decreto también contempla incrementos salariales para el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluyendo Policía Federal y Establecimientos Navales. Se reforzaron partidas destinadas a jubilaciones, retiros y pensiones de los efectivos, así como a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

Se suman también recursos para optimizar la capacidad operativa de la Policía Federal y cubrir haberes del personal de fuerzas nacionales.

Entre otras modificaciones administrativas, se transfiere la Dirección Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad y se incorporan fondos provenientes de la venta de un inmueble en el exterior al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se asignaron fondos adicionales a la Agencia Nacional de Puertos para cubrir gastos de funcionamiento.
 

Cambios en la administración de excedentes y prórroga de pensiones graciables

El DNU establece que los excedentes de liquidez de los organismos del sector público nacional deberán invertirse en licitaciones de títulos públicos y letras del Tesoro, excepto para bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. A su vez, los organismos deberán enviar informes mensuales a la Secretaría de Hacienda con el detalle del flujo de fondos y el estado de las inversiones.

Además, se prorrogaron por diez años las pensiones otorgadas bajo la Ley 13.337 y sus modificatorias, así como aquellas prorrogadas por la Ley 27.008. Para mantener los beneficios, se establecen condiciones como no poseer bienes inmuebles de alto valor fiscal, no tener vínculo con el legislador solicitante y no superar el haber mínimo garantizado. Las incompatibilidades deberán comprobarse fehacientemente antes de suspender los beneficios.

Envío al Congreso

El decreto fue dictado bajo las atribuciones que la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo en circunstancias excepcionales (artículo 99, incisos 1 y 3), y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 26.122.