La jueza Julieta Makintach formalizó su renuncia como magistrada de la provincia de Buenos Aires, tras el escándalo que provocó la anulación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La dimisión fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ya había dispuesto una licencia compulsiva para la magistrada luego de conocerse su participación en un documental relacionado con el caso.

La carta fue ingresada a través de su abogado, Darío Saldaño, quien la entregó en la Secretaría de Personal de la Corte y solicitó “celeridad” en su tramitación. 

 

La renuncia: "No se trata solo de legalidad formal"

En la carta dirigida al gobernador Axel Kicillof, Makintach sostuvo que su decisión responde al “profundo impacto institucional y social” que generó su actuación en el juicio oral por la muerte de Maradona, y que su apartamiento voluntario busca contribuir a “la reconstrucción del prestigio institucional” del Poder Judicial.

“Consciente del contexto, y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública, considero que en este momento mi mayor contribución es apartarme del cargo”, escribió la jueza en su nota de renuncia.

Además, planteó que la legitimidad del Poder Judicial “no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social”.

Makintach aseguró que presenta la renuncia “con serenidad”, sin renunciar a ejercer su defensa si fuera necesario, pero con la convicción de que “la credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares”, especialmente en contextos como el que enfrentó.

Finalizó el texto agradeciendo a la Suprema Corte bonaerense y a las autoridades judiciales de la provincia “por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor, en una carrera que ha sido extensa e intachable”.

 

 

El documental que desató la crisis

El hecho que desencadenó la anulación del juicio fue la existencia del documental “Justicia Divina”, una producción audiovisual de seis episodios de media hora que relataba detalles del proceso judicial por la muerte del ídolo deportivo. El proyecto, a cargo de la productora La Doble, tenía a Makintach como figura central.

Según denunció el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, el equipo técnico de la productora ingresó al edificio de tribunales el 9 de marzo, dos días antes del inicio del juicio, y registró imágenes dentro del recinto. Incluso se grabaron momentos de la primera audiencia con un camarógrafo contratado especialmente.

La situación provocó un escándalo institucional. La jueza, que había sido incorporada al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro para completar la integración del tribunal, asumió la presidencia del mismo el mismo día en que estalló la denuncia.

 

Denuncias cruzadas y causa paralela

El 15 de mayo, los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes de Dalma y Giannina Maradona y Verónica Ojeda, respectivamente, presentaron una denuncia penal contra Makintach por su rol en el documental. 

De forma paralela, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también había promovido una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados. La investigación judicial ahora busca determinar si hubo una violación del deber de imparcialidad y reserva por parte de la jueza, y si se cometieron faltas administrativas o penales.

 

Nuevo tribunal para el juicio

Luego de la anulación del juicio, la Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal de San Isidro sorteó el jueves la nueva integración del tribunal que tendrá a su cargo la reanudación del proceso.

El caso quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Gaig y Alejandro Lago. Para completar el cuerpo, se designó al magistrado Alberto Ortolani, del TOC N.º 1, quien actuará como subrogante.

La audiencia de sorteo fue privada, con participación exclusiva de fiscales, querellantes y defensores. El nuevo tribunal será el encargado de continuar el proceso que busca esclarecer las posibles responsabilidades penales en la muerte de Diego Maradona.