La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, convocó a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF a una audiencia urgente, con el objetivo de intentar destrabar el conflicto que se mantiene abierto en los tribunales estadounidenses. La reunión fue fijada para el martes 15 de julio y se desarrollará en el marco del juicio que enfrenta el país por más de 16.000 millones de dólares.

El llamado se produce en un momento de máxima tensión judicial, con múltiples reclamos cruzados entre las partes. Por un lado, Argentina presentó formalmente la apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York para intentar frenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal. Por otro, los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de la sentencia, presionan para que se cumpla el fallo y ya amenazan con nuevos pedidos.

El Gobierno apeló el fallo y busca evitar el turnover

A fines de junio, Preska había ordenado a la Argentina transferir en custodia las acciones de YPF a un banco de Nueva York como paso previo a una eventual ejecución de sentencia. El plazo para ese depósito vence el lunes 14 de julio.

Sin embargo, antes de que la jueza resolviera sobre un pedido de suspensión presentado por la Procuración del Tesoro, el Gobierno avanzó con la apelación formal del fallo. El recurso fue presentado directamente ante la Cámara, lo que abre una nueva etapa del proceso.

Los demandantes ya expresaron su rechazo al pedido argentino. Según fuentes oficiales, el 7 de julio los abogados de Burford utilizaron incluso declaraciones públicas del gobernador bonaerense Axel Kicillof como argumento para oponerse a la suspensión de la medida.

Presión judicial y riesgo de desacato

En el centro del litigio se encuentra el concepto de “turnover”, es decir, la obligación de transferir bienes (en este caso, acciones) para satisfacer una sentencia. Burford busca que la jueza determine si existen sociedades o instituciones que puedan considerarse representantes del Estado argentino en el exterior, reforzando la idea de que YPF y el Estado son “una misma entidad”.

Si la jueza considera que no hay colaboración suficiente, no se descarta que se evalúe declarar a la Argentina en desacato o imponer medidas adicionales, como exigir una garantía económica inmediata.

Impacto político y gestiones diplomáticas

El conflicto por YPF representa uno de los juicios más costosos para la Argentina en el exterior. La sentencia inicial, dictada en septiembre de 2023, ordena pagar USD 16.100 millones por la forma en que se realizó la expropiación en 2012. Con otros litigios vinculados, el monto en juego supera los 30.000 millones de dólares.

El caso también tiene fuerte repercusión política interna. Las declaraciones de Kicillof —quien fue uno de los responsables de la estatización como viceministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner— fueron usadas por los demandantes como prueba en su contra.

En este contexto, el Gobierno mantiene reuniones diarias entre funcionarios de la Procuración, el Ministerio de Economía, la Cancillería y la Casa Rosada para definir la estrategia judicial. También se evalúa recurrir a apoyos internacionales como amicus curiae, una figura que ya fue utilizada en el pasado por Uruguay y Paraguay.

Un fallo clave en juego

La audiencia del próximo martes podría marcar un punto de inflexión en la causa. Preska tiene la posibilidad de sostener el fallo y exigir la ejecución inmediata; suspender la entrega de acciones en espera de la apelación o bien, abrir la discusión sobre la responsabilidad estatal en función del vínculo con YPF.

En cualquiera de los escenarios, el caso sigue sumando capítulos y mantiene en vilo a la política y la economía argentinas.