El Senado sancionó este jueves tres leyes claves: una nueva fórmula jubilatoria, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Fue una jornada de derrota legislativa para el Gobierno, que no logró contener los votos opositores, quedó sin defensa política en el recinto y ahora prepara el veto presidencial como única herramienta para frenar su implementación.

La votación fue un revés concreto y simbólico: la ley jubilatoria fue aprobada en general con 52 votos a favor y ninguno en contra, y la de discapacidad con 56 adhesiones. La moratoria previsional también superó con comodidad la mayoría. En paralelo, el sistema de votación electrónica sufrió fallas que derivaron en definiciones a viva voz, aunque el procedimiento fue avalado por el pleno del cuerpo.

La Casa Rosada reaccionó con dureza. El presidente Javier Milei anunció que vetará las tres leyes y advirtió que, si su veto es rechazado por el Congreso, llevará el tema a la Justicia. En paralelo, se agudizó la tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien en el oficialismo responsabilizan por haber habilitado la sesión. El propio Milei la calificó como una “traidora” en público.

El paquete previsional aprobado por el Congreso establece un aumento del 7,2% real en los haberes, la elevación del bono de $70.000 a $110.000 -actualizable por inflación- y la reactivación de una moratoria por dos años que permitirá acceder a la jubilación mínima sin tener los 30 años de aportes completos. También se aprobó una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, con actualizaciones de aranceles y simplificación del Certificado Único.

Mientras el oficialismo denuncia el impacto fiscal y la “irresponsabilidad” de la oposición, sectores como Unión por la Patria, el radicalismo federal y parte del PRO disidente defendieron la necesidad de dar una respuesta urgente a los sectores más postergados. 

Ahora comienza una nueva etapa. Si Milei concreta el veto, el Congreso podría insistir con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para dejarlo sin efecto. Ese escenario parece difícil, pero no imposible, y abriría una nueva disputa política. Si el veto se mantiene, las leyes no se promulgan. Pero si cae, el Gobierno ya anticipó que judicializará el proceso, apuntando incluso contra la validez de la sesión.

En ese sentido, desde el oficialismo dejaron trascender que analizan presentar una demanda ante la Corte Suprema por supuestas irregularidades reglamentarias durante la votación. Sin embargo, el propio Senado validó lo actuado, lo que vuelve incierta cualquier definición judicial a corto plazo.

Mientras tanto, el Ejecutivo fue a fondo con su política de gobierno: "El equilibrio fiscal no se negocia" afirmaron.