El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se presentará como amicus curiae en la Cámara de Apelaciones de Nueva York para respaldar a la Argentina en uno de los capítulos clave del juicio por la expropiación de YPF. El objetivo es que se mantenga la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes.

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El escrito será presentado en los próximos días y lleva la firma de David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La intervención busca influir sobre el tribunal para que no se ejecute la decisión de Preska hasta que se resuelva la apelación de fondo presentada por la Argentina.

Actualmente, rige una suspensión temporal del fallo por parte de la Cámara de Apelaciones, que dio plazo a las partes para presentar sus argumentos. Con la presentación del amicus por parte del gobierno norteamericano, se pretende que esa suspensión se mantenga durante todo el proceso de apelación.

Un antecedente bajo la gestión Biden

El respaldo judicial de Estados Unidos no es nuevo: durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia ya se había presentado con un amicus en favor de la Argentina. En aquel momento, pidió rechazar la solicitud de los fondos Burford Capital y Eton Park de quedarse con activos de YPF, argumentando que esa medida violaba normas de inmunidad soberana.

Sin embargo, Preska desestimó ese respaldo y falló en contra de la Argentina, fijando una indemnización de USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de YPF en 2012. En 2023, Burford fue declarado principal beneficiario del fallo.

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Ahora, con el nuevo respaldo del gobierno de Trump, Argentina intenta frenar la ejecución de la orden que la obligaría a desprenderse de su participación mayoritaria en la petrolera.

Una estrategia de alianzas internacionales

Mientras tanto, continúa la estrategia diplomática del gobierno argentino para sumar apoyos internacionales. Tanto la Cancillería como la Procuración del Tesoro -organismo que lidera la defensa jurídica- trabajan para que otros países también se presenten como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones.

Aunque aún no hay confirmación oficial, se menciona que podrían sumarse Uruguay, Paraguay y El Salvador entre los países americanos, e Italia, Francia y Alemania desde Europa. La estrategia conjunta con estudios jurídicos internacionales busca mostrar una presión multilateral contra el fallo de Preska.

Por ahora, el respaldo del Departamento de Justicia no se extiende al reclamo económico por los USD 16.100 millones, pero representa un nuevo intento diplomático y judicial de la Argentina para sostener su control sobre YPF y evitar la ejecución inmediata de la sentencia.