La Justicia bonaerense ratificó la medida de seguridad para el menor de 14 años acusado de haber participado en el hecho que terminó con la muerte de Kim Gómez, una niña de 7 años, en La Plata. La decisión fue adoptada por la Sala V del Tribunal de Casación Penal, que rechazó un planteo de habeas corpus presentado por la defensa del joven y avaló su alojamiento preventivo en el Centro de Recepción de Menores de la ciudad.

El fallo, firmado por los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral, vuelve a poner en debate el límite entre protección y punición en el sistema penal juvenil argentino. Si bien el adolescente es considerado inimputable por su edad y no puede ser juzgado penalmente, la Justicia entendió que su encierro se justifica por la gravedad del caso y por la necesidad de brindar un abordaje integral que contemple su situación personal, familiar y psicosocial.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando dos adolescentes robaron el auto de la madre de Kim Gómez con la niña aún en el interior. Según la reconstrucción judicial, la mujer logró escapar, pero la niña quedó enganchada con el cinturón de seguridad. Fue arrastrada a gran velocidad durante unas 15 cuadras hasta que el vehículo impactó contra un poste de luz. Kim murió producto de las heridas y su cuerpo fue hallado debajo del Fiat Palio.

Tras el hecho, el menor de 14 años fue alojado en un instituto cerrado. Su defensa presentó un habeas corpus para cuestionar la legalidad de la medida, argumentando que, al ser inimputable, su privación de libertad vulnera tratados internacionales sobre los derechos del niño, el principio de culpabilidad y el derecho de defensa. También señalaron que la ley vigente permite aplicar medidas asimilables a penas sin juicio ni condena, en base a normativas heredadas de la última dictadura militar.

Sin embargo, la Sala V de Casación consideró que, en este caso concreto, el encierro no constituye una vulneración de derechos. Los jueces señalaron que la medida se inscribe en el principio de “última ratio”, que solo admite la privación de libertad como última alternativa, y destacaron que el joven fue escuchado con asistencia técnica, pudo ofrecer pruebas y que su situación es monitoreada mediante informes interdisciplinarios.

Los magistrados también se entrevistaron personalmente con el adolescente en el centro donde permanece alojado. Allí constataron que está cursando el tercer año del secundario, mantiene vínculo regular con su madre -quien lo visita semanalmente- y participa de un proceso de reflexión acompañado por profesionales de la salud mental. Según los informes, se trabaja en su contención y reintegración, promoviendo el respeto por los derechos de terceros.

La defensa había planteado además que el encierro no tiene un plazo definido y depende de informes institucionales, lo que deja al adolescente en una situación de incertidumbre jurídica. Los jueces reconocieron esta falta de un límite temporal, pero afirmaron que responde a la necesidad de diseñar un abordaje adecuado y que la medida no puede entenderse como una pena encubierta.

Por otro lado, señalaron que el alojamiento del menor en una institución cerrada, junto a jóvenes de mayor edad, no viola el artículo 64 de la ley provincial 13.634, que permite excepcionalmente medidas restrictivas de libertad para menores no punibles en casos de extrema gravedad.

El otro acusado irá a juicio

Mientras tanto, avanza el proceso penal contra el otro adolescente involucrado, de 17 años. La fiscal de la UFI N°3 de Menores, Carmen Ibarra, pidió la elevación a juicio oral. La jueza María José Lescano deberá resolver si acepta el pedido y envía el caso a debate público.

En el expediente hay numerosas pruebas contra el joven, entre ellas, las imágenes de una cámara de seguridad en las que se lo ve antes del crimen con un short con la cara de Diego Maradona, el mismo que fue secuestrado en un allanamiento en su domicilio.

La causa, que conmovió a toda La Plata, sigue su curso entre los desafíos de un sistema penal juvenil que aún se rige por normas cuestionadas, y la necesidad de dar respuesta ante uno de los crímenes más estremecedores de los últimos tiempos.