Por: En agenda

 

El informe técnico que dio a conocer hoy el Fondo Monetario Internacional, luego de completarse la primera revisión del programa (que concluirá el lunes con el desembolso de USD 2.000 millones), contempla un nuevo esquema de acumulación de reservas y advierte que las leyes de incremento del gasto, recientemente aprobadas por el Senado (como el aumento de haberes previsionales, la nueva moratoria y el refuerzo para asistencia a personas con discapacidad), generaron un escenario de “tensión política e institucional”.

 

Según las estimaciones del organismo, dichas normativas implican una suba del gasto equivalente al 1,5% del PBI. Además, remarcan que estas iniciativas se sancionaron en un contexto de “creciente presión electoral” y de intensificación de campañas a nivel nacional y provincial, de cara a los comicios legislativos de octubre. Aunque el presidente Javier Milei anticipó su decisión de vetarlas completamente, el Fondo estima que la resolución final de este paquete legislativo podría postergarse más allá de octubre, debido a la complejidad del proceso institucional y a la posibilidad de que se judicialicen.

En una nota al pie del documento, el staff del FMI rememora que en septiembre de 2004 el Congreso argentino no logró revertir un veto presidencial que bloqueó un incremento del gasto en jubilaciones y educación superior. La decisión del presidente Milei, destacan, impidió la entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias impulsadas por el Parlamento, haciendo uso de las atribuciones que le otorga la Constitución.

 

Respecto al porvenir del sistema jubilatorio, el principal componente del gasto público nacional, el FMI subraya que la administración de Milei ha asumido el “compromiso” de presentar un proyecto de reforma previsional ante el Congreso antes de que finalice 2026. Dicha propuesta, señala el texto, marcaría un hito en la estrategia económica oficial. El objetivo sería simplificar el régimen actual y mejorar la correspondencia entre aportes y beneficios, enmarcado dentro de un proceso más amplio de reformas fiscales.

 

Otra área que se destaca como clave para lograr un recorte estructural del gasto público, sin comprometer la inversión en sectores sociales esenciales, es la eliminación gradual de subsidios a la energía. Esto se haría mediante un ajuste progresivo en las tarifas de gas y electricidad para alinearlas con los costos reales de producción. Esta política busca no solo mejorar la situación fiscal, sino también fomentar la competencia en el mercado eléctrico mayorista.

 

De acuerdo al organismo, esta estrategia permitiría aliviar las tensiones financieras entre los distintos eslabones de la cadena de pagos y evitar la acumulación de deudas entre las empresas distribuidoras y la compañía estatal Cammesa. El objetivo es que estas reformas en materia de competencia y transparencia estén plenamente operativas antes de noviembre de 2025.

 

En el plano político vinculado al manejo de las cuentas públicas, el Fondo destaca como un paso relevante la constitución del Consejo de Mayo, que nuclea a representantes del Congreso, de los gobiernos provinciales, del sector privado y de los sindicatos. Esta instancia busca generar consensos amplios para respaldar las reformas promovidas por el poder Ejecutivo. En ese sentido, el organismo subraya que será crucial obtener un mayor grado de cooperación legislativa para avanzar en cambios estructurales en los dentro de los marcos impositivos, jubilatorio y laboral.

 

El diagnóstico del FMI indica que la fragmentación del sistema previsional ha provocado “graves distorsiones” entre los aportes efectuados y las prestaciones otorgadas, debilitando la percepción de equidad y de sustentabilidad del régimen actual. En consecuencia, el Gobierno ha priorizado una revisión integral que permita simplificar la estructura previsional, fortalecer la proporcionalidad entre contribuciones y beneficios, y fomentar la formalización del empleo. El gobierno nacional reiteró su intención de presentar el proyecto de reforma hacia fines de 2026, con el objetivo de asegurar un debate profundo y una correcta articulación con posibles modificaciones en el mercado laboral.