La tensión entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo este lunes. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Ejecutivo analiza presentar una denuncia penal por espionaje ilegal, luego de que el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, revelara un informe que involucra a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en seguimientos y tareas de vigilancia sobre dirigentes opositores.

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Uno de los principales apuntados sería el propio gobernador Axel Kicillof, junto a referentes de Fuerza Patria como Máximo Kirchner y Sergio Massa. También figuran políticos de otros espacios, como Facundo Manes (UCR) y Néstor Grindetti (PRO).

“Estamos analizando, junto a nuestros equipos legales, si avanzamos con una acción penal por estas tareas ilegales”, sostuvo Bianco en conferencia de prensa.

Espionaje ilegal y violación de la Ley de Inteligencia Nacional

El funcionario bonaerense calificó el accionar como una “violación flagrante” de la Ley 25.520, que regula el sistema de inteligencia en Argentina. En particular, citó el artículo 4°, que prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia obtener o almacenar datos sobre ciudadanos por su ideología, militancia o participación en actividades lícitas:

“Esto no solo es grave: es inaceptable en una democracia”, subrayó Bianco, quien también consideró que se trata de una práctica “que creíamos desterrada después del retorno de la democracia”.

El informe periodístico de Alconada Mon sugiere que los seguimientos ya están en marcha y que incluyen hasta encuentros privados entre referentes políticos. En ese sentido, la revelación generó fuerte preocupación en la administración bonaerense.

Escalada institucional 

El conflicto por el presunto espionaje ilegal se suma al reclamo que la Provincia viene sosteniendo ante la Corte Suprema, donde exige el pago de una deuda de $12,1 billones que Nación mantiene con Buenos Aires. Según detalló Bianco, este martes la Fiscalía de Estado presentará una nueva solicitud para que el máximo tribunal convoque a una audiencia, como ya lo hizo con otras provincias.

“Vamos a solicitar que se convoque a una audiencia de partes, como ya ocurrió con Córdoba y Santa Fe”, señaló Bianco, al tiempo que recordó que $1,6 billones corresponden a fondos previsionales adeudados por ANSES.