

“El señor del fentanilo debe ir preso”, expresó la vocería presidencial, que encabeza Manuel Adorni, al recordar que el empresario ya estuvo detenido por intento de homicidio y que, “de la mano del kirchnerismo”, pasó “de verdulero a millonario en pocos años, vendiéndole al Estado y a los amigos del poder”.
Desde la Casa Rosada remarcaron que el laboratorio no era inspeccionado por la ANMAT desde febrero de 2020. En noviembre de 2024, el ministro de Salud, Mario Lugones, solicitó una auditoría y, en febrero de 2025, apenas dos horas después de recibir el informe, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó la planta ubicada en Ramallo. Tres meses después se registró la primera muerte por el fentanilo contaminado.
Además, se informó que el Ministerio de Seguridad investiga a HLB Pharma por presentar documentación falsa para inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) y que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARCA) lo denunció por evasión tributaria agravada.
El Gobierno sostiene que la administración bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, es “el principal cliente” del laboratorio de Furfaro y que el vínculo familiar entre el juez Kreplak y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, podría comprometer la imparcialidad de la investigación.
“Si en los próximos días el juez no ordena su detención, lo recusaremos”, advirtieron desde la vocería presidencial, y cuestionaron que, hasta ahora, “ninguno de los imputados haya sido procesado”.