El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) puso en marcha el proceso para localizar e individualizar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de ejecutar el decomiso de 537 millones de dólares dispuesto en la causa Vialidad. La medida se adoptó en paralelo a la concesión del recurso para que la Cámara de Casación revise el método de cálculo del monto que la exvicepresidenta debe devolver.

La decisión fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes rechazaron suspender la medida hasta que haya una definición firme. Según el tribunal, la base del decomiso -equivalente a unos $85.000 millones al momento de la condena- se originó en “hechos gravísimos de corrupción” y fue validada por la Sala IV de la Cámara de Casación. La actualización a dólares se realizó con el índice de precios al consumidor del INDEC, alcanzando los 537 millones actuales.

La exmandataria sostiene que no posee bienes vinculados al delito por el que fue condenada y que toda su evolución patrimonial es legítima. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes o ganancias que resulten el producto del episodio y por ende sean decomisables”, argumentó en su presentación.

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, cuestiona el uso del índice de precios como método de actualización y propone aplicar la tasa pasiva del Banco Nación, como en otros expedientes derivados de Vialidad, lo que -afirman- reduciría el monto “cien veces”. También pidieron la nulidad de la intimación y la suspensión de cualquier ejecución.

El TOF 2 defendió el criterio elegido, basado en un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema elaborado según las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Los jueces descartaron la existencia de una “doble vara” y rechazaron el cálculo del perito de parte de la exvicepresidenta, que estimaba el decomiso en $42.000 millones, por “errores” y falta de objetividad.

En la resolución, el tribunal recordó que la condena por administración fraudulenta contra el Estado ya fue revisada en varias instancias y que el monto fijado para el decomiso es “inconmovible” en esta etapa.

Cristina Kirchner anticipó que, si la Cámara de Casación no le da la razón, recurrirá a la Corte Suprema y, eventualmente, a organismos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el TOF 2 continúa con el relevamiento de su patrimonio para remitir el detalle a la Corte.