

La Justicia Federal avanza en la investigación por las 96 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado producido por HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo S.A.. En las últimas horas, el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta incorporaron al expediente explosivos chats internos de empleados, que dejan en evidencia fallas graves en la fabricación, control de calidad y ocultamiento de irregularidades frente a las inspecciones de la ANMAT.
Los mensajes revelan que los responsables de la planta eran plenamente conscientes de las irregularidades. En un intercambio clave, Javier Tchukran, director de Manufactura de HLB Pharma y director general de Laboratorios Ramallo, sostuvo:
“Me parece que no queda otra cosa que mentir”,
en referencia a cómo responder a la falta de registros exigidos por la ANMAT sobre un lote de propofol.
En otra conversación, la supervisora de Control de Calidad Rocío Garay preguntó a su jefe, Wilson Pons:
“¿Miento en los reportes?”.
A lo que Pons respondió:
“Y me parece que no queda otra cosa que mentir”.
Estos diálogos forman parte de la acusación fiscal que describe un sistema de ocultamiento deliberado, manipulación de planillas y armado retroactivo de documentación para disimular irregularidades en la producción de medicamentos.
En diciembre de 2024, empleados reconocieron haber inventado batch records inexistentes. En un grupo de WhatsApp, la trabajadora Sofía Díaz pidió al equipo que los reportes no fueran tan repetitivos para que parecieran reales. Otra colega, Luciana Matti, contestó:
“Oka, empezamos a poner todas horas reales entonces”,
admitiendo que hasta ese momento los registros eran falsificados.
Los chats también muestran cómo se escondieron reactivos vencidos antes de inspecciones del INAME y ANMAT:
“Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.
“¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera abajo de la lluvia?”.
“Pudo haber explotado eso tranquilamente”.
Incluso se blanquearon prácticas insólitas, como pintar pisos y puertas de control horas antes de una inspección sorpresa, para simular condiciones sanitarias adecuadas.
Las conversaciones también reflejan problemas de infraestructura que ponían en riesgo directo la calidad de los medicamentos:
Explosión de equipos eléctricos (UPS) que protegían muestras sensibles.
Techos con chapas sueltas y más de 20 palomas en depósito, en condiciones de contaminación evidente.
Producción en ampollas plásticas no autorizadas, con lotes mal etiquetados para disimular faltantes.
En un chat del 26 de diciembre de 2024, apenas ocho días después de la fabricación del lote contaminado, un empleado reconoció:
“Ya todos sabían que esa producción se hizo en el aire con respecto a lo documental. Hay que armar todo de cero”.
La investigación apunta a 17 personas como responsables de la cadena de negligencias. Entre ellos:
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, considerado el más comprometido.
Nueve detenidos, entre directores técnicos, responsables de producción y personal jerárquico.
La acusación sostiene que entre el 18 y el 20 de diciembre de 2024 se produjeron los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes (klebsiella pneumoniae, klebsiella variicola, ralstonia picketii y ralstonia mannitolilytica). Ese material derivó en 305.960 ampollas distribuidas a hospitales y clínicas de todo el país, con un “peligro concreto para la salud pública” que ocasionó la muerte de al menos 96 personas.
Lejos de ser un rumor, los mensajes son ahora prueba oficial en el expediente judicial. La fiscalía los incorporó para demostrar que los responsables de la producción conocían los riesgos, falsificaban documentos, ocultaban sustancias vencidas y manipulaban resultados.
“La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”,
advirtió en mayo de 2024 la supervisora Garay.
Lo grave ocurrió: la mayor tragedia sanitaria en la historia de la industria farmacéutica argentina.