El juez Julián Ercolini inició el trámite de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación tras la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y solicitó al fiscal Carlos Stornelli que determine si corresponde abrir una investigación por espionaje ilegal.

La denuncia, presentada el lunes, sostiene que las grabaciones fueron editadas clandestinamente y difundidas con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas, y que podrían haber sido realizadas dentro de la Casa Rosada. La ministra Patricia Bullrich aseguró que la filtración forma parte de un ataque a “una de las principales figuras del Gobierno nacional”.

Medidas cautelares y límites a la investigación

Stornelli aclaró que no se realizarán allanamientos inmediatos ni se afectarán las fuentes periodísticas, amparadas por el artículo 43 de la Constitución Nacional. En paralelo, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política.

El Gobierno solicitó al juez que prohíba cualquier nueva difusión de los registros y disponga peritajes digitales para determinar el origen, edición, metadatos y cadena de custodia de las grabaciones. Según la demanda, el objetivo de la filtración fue influir en la opinión pública, generar alarma y desestabilizar los principales indicadores económicos y políticos.

Contenido de los audios

En uno de los registros, Karina Milei habla sobre tensiones internas en el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. En otro, describe su jornada laboral: “Acá no tienen que estar las 24 horas porque entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Implicancias legales

El Ejecutivo asegura que estas prácticas violan artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe realizar espionaje o manipular la opinión pública con fines políticos. Además, advierte que cualquier nueva difusión de los audios será considerada una prolongación del delito inicial.

“La intervención judicial resulta imprescindible para reafirmar que ninguna operación de este tipo puede mancillar la soberanía popular ni suprimir las reglas de juego sobre las que se desarrolla la contienda electoral”, concluyó la presentación.