La Justicia federal avanza en la investigación por el fentanilo adulterado que dejó al menos 96 muertes en el país y puso en alerta al sistema de salud. El juez Ernesto Kreplak ordenó allanamientos en domicilios de funcionarios y exautoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras detectar más de cien irregularidades en laboratorios vinculados al caso.

Leer también: Corte en el servicio del tren Roca: no habrá llegada a La Plata el 13 y 14 de septiembre

Entre los allanados se encuentran la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la exresponsable del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumado. También fueron inspeccionadas las oficinas de control de esos organismos, con el objetivo de obtener documentación y dispositivos que permitan determinar si hubo negligencia o connivencia con los laboratorios implicados.

Las miradas están puestas en HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, ambos pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro, detenido en el marco de la causa. Según los peritos, entre 2018 y 2025 se registraron múltiples fallas en la producción: contaminación microbiana, envases no autorizados, omisiones en la documentación y medicamentos elaborados sin respaldo normativo.

Incluso, días antes de que se fabricara el lote 31202, identificado como el que provocó la tragedia, inspectores habían advertido serias irregularidades en la planta de Ramallo, pero la producción continuó. Una inspección reciente constató un panorama alarmante: medicamentos expuestos al sol, residuos peligrosos sin control, sustancias corrosivas y un predio en estado de abandono.

El expediente ya tiene 17 imputados, siete de ellos detenidos. La investigación intenta establecer hasta dónde llega la responsabilidad de los organismos estatales que debían garantizar la seguridad de los medicamentos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fue contundente: las omisiones de control representaron “un riesgo inadmisible para la población” y dañaron la confianza en el sistema sanitario.