El Gobierno confirmó este lunes que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso ratificara la norma rechazando el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la Casa Rosada anticipó que no reglamentará la ley hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiarla, lo que en la práctica demora su aplicación.

La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Clarín. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, explicó.

Francos justificó la cautela al remarcar que la norma “abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad” y cuestionó al Congreso por no definir su financiamiento: “Cuando sancionan una ley deben establecer de dónde salen los recursos. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, señaló.

El impacto fiscal de la ley

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley podría sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo estimado de entre $1,8 billones y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.

A eso se sumarían $278.323 millones para compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.

El trasfondo político

La ley fue impulsada por la oposición y contó con un amplio respaldo en ambas cámaras, incluso de sectores que fueron aliados circunstanciales del oficialismo. El rechazo al veto presidencial superó los dos tercios necesarios tanto en Diputados como en el Senado.

El texto se aprobó tras la movilización masiva de organizaciones de la sociedad civil, que reclamaban medidas urgentes ante el congelamiento de recursos para asistencia y la reducción de beneficiarios luego de una polémica auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El debate estuvo atravesado también por el escándalo de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que se describía un presunto circuito de coimas con droguerías. El episodio precipitó su salida del Gobierno y reforzó el apoyo parlamentario a la ley.

La estrategia del Ejecutivo

En un primer momento, la Casa Rosada había evaluado judicializar la norma para frenar su entrada en vigencia. Sin embargo, la contundencia de la votación en el Congreso llevó a un cambio de rumbo: el Ejecutivo promulgó la ley, pero planea obstaculizar su aplicación.

Entre las alternativas que se barajan figura “reglamentarla de manera tal que no se pueda aplicar” o directamente demorar su puesta en marcha bajo el argumento de que no hay recursos disponibles.

En paralelo, la oposición advirtió que si el Ejecutivo no avanza con la reglamentación, tanto Milei como Francos podrían ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Incluso, dirigentes como el diputado cordobés Oscar Agost Carreño (PRO) plantearon la posibilidad de aplicar la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución para remover al jefe de Gabinete.