El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el proyecto original con mayoría especial.

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Sin embargo, la puesta en marcha de la ley quedó suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto Nacional.

 

Los argumentos oficiales

 

El Gobierno señaló que la implementación de la iniciativa tendría un fuerte impacto fiscal: solo en 2025 implicaría un gasto estimado de más de 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI. El cálculo incluye la creación de la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad, la cobertura médica a través del Programa Incluir Salud y la compensación económica a prestadores del sistema.

 

En este sentido, el decreto advierte que el actual presupuesto “no cuenta con créditos suficientes” para afrontar esas erogaciones y que, aun reasignando partidas de los tres poderes del Estado, los fondos serían insuficientes. Por eso, el Ejecutivo sostiene que solo el Congreso puede autorizar un aumento del presupuesto que permita cubrir los costos de la ley.

 

Los puntos principales de la ley

 

Aunque aún no se aplicará, la normativa contempla medidas de gran alcance:

 

Creación de una PNC por Discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo, compatible con empleo hasta dos salarios mínimos.

 

Garantía de cobertura médica integral a través de Incluir Salud y la Ley 24.901.

 

Compensación de emergencia a prestadores frente a la inflación.

 

Beneficios para empleadores que contraten personas con discapacidad, con reducción del 50 % en contribuciones patronales durante tres años.

 

Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con auditorías y nuevas metas de transparencia.

 

 

Qué viene ahora

 

El futuro de la ley dependerá del debate parlamentario. El Congreso deberá definir de qué manera se financiarán estas políticas y asignar los recursos necesarios en el Presupuesto Nacional. Hasta entonces, la Emergencia en Discapacidad seguirá promulgada pero sin ejecución concreta.