Por: Marina Capitini

Durante los meses de abril y mayo participé de un proyecto que realiza capacitaciones para docentes de escuelas que plantea orientaciones pedagógicas para abordar las violencias de género desde la educación sexual integral. Esas orientaciones pedagógicas son elaboradas desde una perspectiva de derechos humanos y se plantea que fundamentalmente la educación sexual sea integral y transversal a todos los espacios educativos. 

La capacitación es potente y movilizante, porque no sólo se busca interpelar para poder cumplir con ciertos requisitos curriculares sino que propone una reflexión profunda sobre nuestras experiencias personales, sobre las relaciones con los y las compañeras de trabajo y a poder visualizar situaciones de violencia y discriminación más allá de lo abordado en el aula, a poder mirar con “anteojos violetas” toda la vida cotidana de la escuela, es decir, todo lo que sucede en ese “curriculum oculto”. 

A los pocos días de terminar la capacitación leí en un portal web la noticia sobre la historia de una orientadora vocacional de una escuela de Quilmes que fue testigo de un intento de femicidio de la madre de uno de sus alumnos. La docente contó que fue hasta la casa del estudiante a tomar registro del contexto socioambiental en el que estaba haciendo la tarea y que cuando llegó al domicilio la mamá de su alumno salió gritando y que en ese momento el padre le hundió el cuchillo en el pecho. La escena es estremecedora. 

 ¿Qué rol cumple la escuela frente a la violencia de género? ¿Qué herramientas tienen los y las docentes para poder prevenir, detectar y acompañar situaciones de violencia?. ¿hasta donde puede involucrarse la escuela en un caso de violencia familiar?

En primer lugar existe un claro consenso social, por lo menos de la mayoría de la sociedad, que repudia toda violencia hacia las mujeres y disidencias, donde se reconoce la desigualdad y el sometimiento que sufren las mujeres. 

Hay otro sector de la sociedad que tiene una militancia activa para erradicar todo tipo de violencia y que participa voluntariamente en el debate público sobre estas problemáticas. 

También, hay un sector, que está compuesto principalmente por las instituciones del estado que tienen una responsabilidad política y social de resguardar la vida de las personas, de hacer cumplir las leyes y de generar relaciones de respeto hacia la otra o el otro. 

La escuela forma parte de este último sector. Las instituciones educativas como agentes del Estado deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que junto a las otras instituciones que componen el Estado son corresponsables cuando esos derechos no se cumplen.

La corresponsabilidad viene a incorporar la idea que cuando una de las instituciones del Estado falla, esa falta tiene que ser responsabilidad de otra institución. Y que frente a situaciones de vulneración de derechos, la escuela puede activar circuitos institucionales de intervención, abordaje y atención.

En esta escena de violencia se ponen en juego dos normativas, por un lado la ley para prevenir y erradicar la violencia por razones de género la ley 26485 y también la ley de protección integral de los derechos de los niños y las niñas.

La  educación sexual integral pone el foco también en las violencia de género, por eso es fundamental que los y las docentes cuenten con las herramientas necesarias para poder realizar la mejor intervención posible cuando se presenten ante situaciones de maltrato, abuso o violencia hacia niños, niñas, adolescentes y hacia mujeres.

Al mismo tiempo, poder fortalecer la red de instituciones que atienden las violencias de género para poder realizar las derivaciones correspondientes y que sean efectivas a la hora de dar respuesta. 

Lo que sucedió en Quilmes pone en evidencia que la escuela no se reduce al aula y que esta situación se intensificó mucho más durante la pandemia. Comprender que todos y todas, algunos con mayor responsabilidad que otros, debemos comprometernos para vivir en una sociedad más justa y libre de violencias.