Por: Redacción enAgenda

El Gobierno nacional promulgó dos leyes clave que habían sido aprobadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795), y la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud (27.796). Ambas normas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, aunque su aplicación efectiva quedó postergada hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

 

Según lo establece el artículo 5° de la Ley 24.629, la ejecución de nuevas leyes con impacto fiscal dependerá de la aprobación de recursos adicionales por parte del Congreso.

 

Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados, pero sin fecha

 

La Ley 27.795 busca garantizar la continuidad del sistema universitario público y mejorar las condiciones laborales del personal docente y no docente. Entre sus principales medidas, se destacan:

    •    Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

    •    Recomposición salarial con carácter remunerativo y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas.

    •    Convocatoria obligatoria a la paritaria nacional universitaria, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.

    •    Refuerzo de programas de becas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, pese a la promulgación, el financiamiento de estas medidas queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Hasta que el Congreso no apruebe las partidas correspondientes, las universidades no recibirán los fondos adicionales ni podrán aplicar las recomposiciones salariales.

 

Emergencia pediátrica: atención prioritaria, pero sin ejecución inmediata

 

Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas nacionales por el término de un año. Su objetivo es reforzar la atención en hospitales pediátricos, mejorar las condiciones laborales de los residentes y destinar recursos a áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca.

 

La norma establece además que los salarios del personal deberán recomponerse al menos al nivel de noviembre de 2023 y que se garantizará el acceso equitativo a la atención pediátrica de alta complejidad.

 

Sin embargo, mediante el Decreto 760/2025, el Poder Ejecutivo dispuso que la ejecución quede suspendida hasta que el Congreso apruebe partidas específicas. El Ministerio de Salud advirtió que su actual presupuesto no permite implementar la ley sin afectar otros programas esenciales.

 

Qué significa la postergación

 

Aunque las dos leyes ya están promulgadas y vigentes, su aplicación práctica queda en pausa. En la práctica:

    •    No se asignarán fondos adicionales hasta definir el financiamiento.

    •    No se aplicarán las recomposiciones salariales previstas.

    •    Los programas y beneficios previstos quedarán suspendidos hasta la aprobación presupuestaria.

Según fuentes oficiales, la decisión busca “evitar el desfinanciamiento de otras áreas críticas del Estado” mientras se garantiza que los nuevos compromisos cuenten con respaldo fiscal.