Por: Redacción enAgenda

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) inició este martes la primera de las dos jornadas de paro convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), en el marco del conflicto por la implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

 

La medida, que continuará el miércoles, incluye la suspensión total de actividades por parte de docentes, auxiliares y personal nodocente, con el objetivo de exigir la plena vigencia de la norma y garantizar recursos adecuados para el sostenimiento de la educación superior pública.

 

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) señalaron que el paro forma parte de un plan de lucha que se extenderá durante toda la semana. “La falta de aplicación efectiva de la ley mantiene a los docentes en estado de alerta y movilización”, expresaron desde el gremio, remarcando la necesidad de que el Gobierno avance con su puesta en marcha.

 

En la UNLP, la suspensión de clases afecta tanto las actividades teóricas como prácticas. Cada facultad y colegio evaluará cómo reorganizar los contenidos, mientras que se prevé que las aulas permanezcan vacías y que la adhesión del personal auxiliar impacte también en las tareas administrativas.

 

 

¿Qué pasa con la Ley de Financiamiento Universitario?

 

El reclamo se centra en la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, recientemente promulgada junto con la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.

 

Aunque ambas normas fueron publicadas en el Boletín Oficial, su aplicación quedó postergada. El Gobierno dispuso que su ejecución dependa de la disponibilidad de recursos y de la aprobación de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, según lo establecido en el artículo 5° de la Ley 24.629.

 

La Ley de Financiamiento Universitario busca asegurar la continuidad y el sostenimiento de las universidades públicas, garantizando una actualización automática de los presupuestos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y estableciendo mecanismos para la recomposición salarial de los docentes y nodocentes.

 

Sin embargo, hasta que no se definan las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias necesarias, la ley no entrará en vigencia efectiva. Este aplazamiento motivó la protesta universitaria que hoy paraliza la actividad en la UNLP y en otras instituciones del país.