Por: Redacción enAgenda

El Gobierno nacional volvió a poner en el centro de la discusión política la reforma laboral. Con el impulso de la diputada Romina Diez, se presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que busca modernizar el régimen laboral vigente, flexibilizar convenios y promover la contratación formal mediante incentivos fiscales.

El texto, acompañado por legisladores de distintos bloques, retoma el borrador presentado a fines de 2024 y sigue los lineamientos de la Ley Bases. Según se detalla en sus fundamentos, el objetivo es “institucionalizar un modelo económico que actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado”.

La propuesta introduce modificaciones en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar modalidades laborales y la incorporación de nuevos beneficios sociales no remunerativos, como la provisión de almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil e internet, que no integrarán el salario salvo excepciones.

También se habilita el pago de remuneraciones en efectivo, cheque o por acreditación bancaria, y se autoriza el uso de recibos de sueldo electrónicos con información detallada sobre conceptos y deducciones.

En materia de vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se permite fragmentarlas en períodos no menores a una semana. Además, los trabajadores que comparten vínculo familiar o matrimonio podrán solicitar vacaciones en conjunto.

El proyecto permite que las convenciones colectivas de trabajo establezcan regímenes adaptados a las nuevas modalidades de producción, con la posibilidad de aplicar bancos de horas, francos compensatorios y gestión flexible de horas extras, siempre garantizando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.

Respecto a las licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos actuales -tres o seis meses según la antigüedad- y se incorpora un procedimiento de verificación de certificados médicos que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo. Además, el empleador deberá conservar el puesto durante un año más una vez vencido el período de interrupción por enfermedad.

El proyecto también contempla nuevas condiciones para el cálculo de intereses en juicios laborales, fijando un tope que combine la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una tasa pura del 3% anual. A su vez, se limita el pacto de cuota litis al 20% y se habilita que las micro, pequeñas y medianas empresas abonen indemnizaciones o sentencias laborales en hasta 12 cuotas mensuales.

Uno de los ejes más destacados es el de incentivos fiscales. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. El beneficio se aplicará durante un año y variará según el tamaño de la empresa: 100% para micro, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes.

El texto también redefine el régimen de trabajo agrario, excluyendo de su alcance a trabajadores industriales, comerciales o de servicios, y manteniendo la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias, aunque sin incluir a propietarios de tierras no productivas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los diputados Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano, entre otros.

Con este proyecto, el oficialismo busca reactivar la discusión sobre la reforma laboral en el Congreso y sentar las bases de un nuevo marco normativo que, según plantea, contribuya a dinamizar la economía y generar empleo formal en el sector privado.