Por: Ramiro Florio

Desde el mediodía de este viernes 26 de diciembre, en una sesión pública especial, el oficialismo busca sancionar dos leyes claves para su gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de "inocencia fiscal". Aunque el foco prinicipal está sobre el primer proyecto donde hay algunos artículos que generan rispideces entre la oposición al gobierno libertario.

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La oposición quiere rechazar el artículo 30 del Presupuesto que propone eliminar los mínimos de financiamiento para la educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). La legislación vigente, establece pisos mínimos de financiamiento para estas áreas, el 6% del PBI debe destinarse al sistema educativo, el 1% a la Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto a la educación técnica y el 0,8% del gasto para el reequipamiento de las fuerzas armadas. De aprobarse el proyecto, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

El texto señala puntualmente que el gobierno de Javier Milei busca derogar el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.

Una de las pequeñas victorias del bloque oficialista, liderado por Patricia Bullrich fue en la votación del esquema de tratamiento para aprobar o no la ley: la oposición quería que fuese por artículo así tratar uno a uno los puntos anteriormente mencionados, pero finalmente se determinó que el debate se haga por capítulos, aunque esto puede ser un arma de doble filo en la que la desaprobación de uno de ellos también caigan artículos que no estaban incluídos entre los que generaban polémica en la oposición y los bloques dialoguistas.

El artículo 30 establecido en el Capítulo II de "LAS NORMAS SOBRE GASTOS", es el que más preocupación genera en el gobierno libertario al contar con la desaprobación de todos los sectores peronistas, como así también la de los bloques provinciales que ya anticiparon su rechazo.

El oficialismo considera esencial este artículo y capítulo de la ley de Presupuesto 2026 por lo que su rechazo podría poner en riesgo la sanción total del mismo, debido a esto no se descartan que hayan modificaciones o negociaciones durante la sesión.

Otro de los artículos incluidos en este capítulo que generan controversia entre los bloques opositores y dialoguistas es el N°12 que establece que "Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

En funciones básicas, este artículo permitiría que, a consideración de un funcionario, si una universidad no está otorgando la información suficiente o considerada pertinente sobre los gastos de mantenimiento o funcionamiento, el mismo tiene la potestad de decidir si seguir girando o no los fondos. Se trata de una afectación directa sobre la autonomía universitaria.

El gobierno de Javier Milei ya tuvo un fuerte traspié con la caida del capítulo XI que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros puntos que el oficialismo consideraba claves para mantener el equilibrio fiscal, por lo que si siguen habiendo rechazos o modificaciones en la ley, no se descarta que el texto vuelva a la Cámara de Diputados.

La bancada de la Libertad Avanza cuenta con más de 45 votos asegurados para la aprobación general del texto pero aún permanecen las dudas sobre la aprobación integral del Capítulo II debido a las objeciones que presentan los 9 senadores de la Unión Cívica Radical y otros aliados al gobierno.

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