Por: Redacción enAgenda

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico que podrían derivar en la pena de muerte si es declarado culpable. Según la legislación federal estadounidense, quienes violan la Ley de Sustancias Controladas como parte de una “empresa criminal continua” pueden ser elegibles para la pena capital.

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Maduro, de 63 años, llegó a la corte fuertemente custodiado tras ser trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron capturados el sábado durante una operación militar estadounidense en Caracas que incluyó comandos, bombardeos aéreos y apoyo naval, en un operativo que dejó víctimas aún no cuantificadas oficialmente.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Maduro y Flores enfrentarán “toda la furia de la justicia estadounidense”, aunque no precisó qué condena solicitará el Departamento de Justicia. Si bien las sentencias de muerte por delitos vinculados a drogas son poco comunes en el sistema judicial del país, el expediente incluye cargos graves como narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

El caso fue comparado con la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando Estados Unidos optó por encarcelarlo en lugar de avanzar con la pena capital. En esta causa también figuran imputados el hijo de Maduro, conocido como “Nicolasito”, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello y un narcotraficante prófugo, según la acusación ampliada este año por un gran jurado federal.

En paralelo al proceso judicial, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su país está “a cargo” de Venezuela y confirmó contactos con las nuevas autoridades encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien pidió cooperación con Washington. La situación generó fuerte impacto internacional y motivó la convocatoria a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras varias potencias expresaron su rechazo a la operación militar y Estados Unidos avanza en gestiones para definir la transición política en el país sudamericano.