La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió formalmente a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y endureció su postura frente al organismo de control, en un conflicto que encabeza el gobierno nacional contra la institucion. Desde la entidad del fútbol aseguran que cumplieron con todas las obligaciones exigidas y que las críticas carecen de sustento legal.

El eje de la controversia gira en torno a los estados contables presentados durante los últimos ocho años, donde la IGJ reclama explicaciones sobre partidas globales que superan los USD 450 millones. El organismo estatal sostiene que esos montos no cuentan con el detalle suficiente y que los pedidos de aclaración no habrían sido respondidos, lo que motivó la intimación formal.

Frente a ese escenario, la AFA presentó un descargo administrativo que abarca los ejercicios 2017 a 2023 y afirmó que nunca recibió requerimientos válidos en relación con la mayoría de las observaciones mencionadas públicamente. En su comunicado, la entidad remarcó que toda la información fue entregada en tiempo y forma, respaldada por documentación oficial y actos administrativos que pueden ser verificados.

Desde la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia, sostienen que no existe ningún incumplimiento, que los balances fueron aprobados regularmente y que incluso obtuvieron de manera sistemática los certificados de vigencia y domicilio emitidos por la propia IGJ, donde se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones formales. Según la AFA, solo una observación fue notificada conforme a derecho y fue respondida de inmediato.

Otro de los puntos centrales de la respuesta fue el cambio de jurisdicción de la entidad, de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia. La AFA explicó que la asamblea que resolvió el traslado fue controlada por veedores oficiales, que la documentación fue validada por los organismos competentes y que luego la autoridad provincial notificó formalmente a la IGJ, descartando cualquier intento de eludir controles.

Desde el organismo de control, en cambio, insisten en que la magnitud de los montos, la falta de precisión contable y la necesidad de garantizar la trazabilidad de los fondos justifican un análisis más profundo, incluso con participación de auditores externos. En ese marco, el inspector general advirtió que, si no hay una respuesta satisfactoria antes del 20 de enero de 2026, podría proponerse la designación de un veedor contable.

La AFA rechazó esa posibilidad y denunció demoras de más de 700 días hábiles por parte de la IGJ en el análisis de expedientes, además de cuestionar la exposición mediática de acusaciones sin respaldo documental. Según la entidad, el conflicto responde más a una disputa política e institucional que a una verdadera fiscalización administrativa.

En paralelo, continúan investigaciones judiciales vinculadas al manejo de fondos en el fútbol argentino. Sobre ese punto, Tapia se expresó públicamente por primera vez y buscó despejar dudas: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”, aseguró, mientras el cruce con el organismo de control sigue abierto y sin resolución a corto plazo.