Por: Redacción enAgenda
El Gobierno nacional profundizó su ofensiva judicial contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, aceptó formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la investigación por presunta retención indebida de tributos.
Esta decisión habilita al organismo recaudador a solicitar medidas de prueba, apelar resoluciones y acceder a la totalidad del expediente que involucra a Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ambos ya imputados en la causa.
Según la denuncia impulsada inicialmente por la DGI, la AFA habría actuado como agente de retención de impuestos nacionales y recursos de la Seguridad Social sin depositar luego esos fondos al Fisco en los plazos legales.
Desde ARCA explicaron que estos fondos "pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención" y que su no ingreso configura una "indebida apropiación de caudales públicos".
Dada la magnitud del perjuicio fiscal, el juez Amarante decidió habilitar la feria judicial de enero para evitar demoras en la recolección de pruebas.
La Justicia busca determinar si la cúpula de la AFA utilizó esos fondos retenidos a terceros para obtener rendimientos financieros -práctica conocida como "bicicletear" el dinero- mientras postergaba sus obligaciones tributarias y previsionales.
El detalle de la deuda es alarmante: más de $8.600 millones corresponden a aportes de la Seguridad Social, es decir, dinero descontado a los empleados de los clubes que nunca llegó a las arcas estatales.