Por: Redacción EnAgenda
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación de más de 50 droguerías en todo el país.
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En las mismas se detectó que operaban con el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos vencido, un requisito indispensable para el tránsito interjurisdiccional de fármacos, entre las suspendidas se encuentran firmas de La Plata y Ensenada.
La medida quedó formalizada a través de la Disposición 72/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a un total de 54 establecimientos que no contaban con la certificación vigente exigida por la normativa sanitaria. Según detalló el organismo, en muchos casos tampoco se había iniciado el trámite de renovación correspondiente.
Las actuaciones se iniciaron luego de que la Dirección de Gestión de Información Técnica advirtiera inconsistencias en el registro de droguerías habilitadas. La normativa establece que el certificado tiene una validez de cinco años y que su renovación debe solicitarse con al menos 60 días hábiles de anticipación para poder continuar operando hasta que se resuelva el trámite.
Al no cumplir con este procedimiento, las droguerías quedaron automáticamente fuera del marco legal para la distribución de medicamentos, lo que derivó en la decisión de dar de baja sus habilitaciones.
Entre las empresas suspendidas se encuentran firmas de La Plata y Ensenada, como Droguería Praga y Droguería Insumos S.A., además de numerosos establecimientos radicados en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La lista también incluye droguerías de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Corrientes, Chaco, Misiones, Río Negro, Tucumán, La Rioja, La Pampa y San Juan, lo que refleja el alcance federal de la medida.
Desde ANMAT remarcaron que la decisión apunta a garantizar la seguridad, la calidad y la trazabilidad de los medicamentos que circulan en el país. Además, recordaron que el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución es una condición básica para proteger la salud pública y evitar riesgos en la cadena de suministro farmacéutico.