Por: Redacción enAgenda

La investigación que conmociona a la Legislatura bonaerense y al arco político de La Plata suma nuevos capítulos. Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los empleados del Senado provincial detenidos a fines de diciembre, fueron imputados por otros cinco hechos de abuso sexual cometidos contra dos nuevas víctimas.

Los acusados, conocidos por su militancia en la agrupación "La Capitana", enfrentan una situación procesal cada vez más comprometida. Mientras la fiscal Betina Lacki (UFI N°2) avanza en la recolección de pruebas, la apertura de los teléfonos celulares -prevista para este 22 de enero- promete revelar información clave sobre el funcionamiento de la organización.

El "Modus Operandi": Poder, misticismo y oficinas públicas

La imputación judicial detalla un esquema de sometimiento que mezcla la jerarquía política con la manipulación psicológica. Según el expediente, los abusos no solo ocurrían en ámbitos privados, sino que al menos uno de los hechos habría tenido lugar en una oficina del Senado bonaerense.

Las víctimas coinciden en un patrón de captación:

• Perfil de las víctimas: Adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario.

• Promesas laborales: Se les ofrecían pasantías o becas supuestamente financiadas por la Legislatura.

• Estructura de la secta: Una vez captadas, ingresaban a "La Orden de la Luz". Rodríguez se presentaba como una deidad llamada "Dios Kiei", mientras que Silva Muñoz actuaba como la "Sensei", encargada de coordinar los encuentros y someter la voluntad de las mujeres bajo la premisa de un "propósito superior".

Gravedad de los cargos

Los nuevos delitos atribuidos a la pareja son de extrema gravedad. El juez de Garantías, Juan Pablo Masi, ratificó que existen pruebas suficientes sobre el uso de armas blancas para amedrentar a las víctimas, privación ilegítima de la libertad y abusos sexuales con acceso carnal doblemente agravados.

Un punto especialmente crítico de la investigación apunta a la complicidad estructural. La fiscalía busca determinar si existieron funcionarios que, sabiendo lo que ocurría, facilitaron el ocultamiento de los abusos o permitieron que los acusados continuaran escalando posiciones en la militancia y la administración pública a pesar de las sospechas que pesaban sobre ellos desde 2019.

El futuro de la causa

Con la incorporación de estas dos nuevas denunciantes, ya son cuatro las víctimas formales en el expediente, aunque los investigadores estiman que la cifra real podría ascender a 20 personas, incluyendo a menores de edad al momento de los hechos.

En los próximos días, la fiscal Lacki deberá definir el pedido de prisión preventiva. Mientras tanto, las querellas esperan que los peritajes tecnológicos aporten claridad sobre el alcance de esta red.