Por: Redacción EnAgenda

La decisión del Gobierno nacional de limitar a seis meses los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años encendió fuertes alertas en el sector público. La medida, anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, golpea de lleno a quienes no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse, y los empuja a depender de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Actualmente, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende a $279.443, pero no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni el acceso pleno a los beneficios del sistema previsional, sino únicamente la cobertura de PAMI.

La resolución establece que, para renovar las contrataciones no permanentes, los organismos estatales deberán presentar de forma obligatoria la constancia de intimación a jubilarse de quienes ya alcanzaron la edad legal. El problema es que una parte significativa de esos trabajadores no cumple con los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria, lo que los deja ante un escenario crítico: sin empleo y sin posibilidad de completar los aportes faltantes.

En un contexto de recesión y ajuste, casi 1.100.000 jubilados continúan trabajando en Argentina, lo que representa el 19% del total y un incremento del 60% respecto de hace una década, según datos oficiales.

Ajuste y vaciamiento en el Estado

El impacto de la medida también se sentirá en áreas sensibles del Estado, donde los trabajadores intimados a jubilarse son los únicos técnicos con experiencia específica, o en dependencias que ya funcionan con dotaciones mínimas.

Cabe recordar que meses atrás, mediante la Resolución 3/2023 del mismo ministerio, se intimó a jubilarse a 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, de los cuales más de 6.800 pertenecían a la planta permanente.

La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 empleados, tras una caída interanual del 7,2%, en línea con el plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. En total, se recortaron 63.234 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 18,4% de la planta del Sector Público Nacional, es decir, casi 80 trabajadores por día, de acuerdo con el Centro CEPA.

El fin de las moratorias previsionales

A este escenario se suma la decisión del Gobierno de no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes, regularizando los períodos faltantes mediante descuentos sobre el haber.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo. Su eliminación anticipa un fuerte impacto social, especialmente entre los trabajadores de mayor edad.

Desde el gremio, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “cruel e inhumana”. “Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y, fundamentalmente, sin la posibilidad de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, sostuvo.