Tras semanas de negociaciones con distintos bloques y sectores involucrados, el oficialismo llega al recinto con una versión modificada del proyecto que introduce 28 cambios centrales. La iniciativa será tratada este miércoles y el Ejecutivo confía en conseguir la media sanción en el Senado antes de que pase a Diputados, donde anticipan una discusión más compleja.

En la Casa Rosada aseguran que el texto consensuado logró respaldo suficiente. Entre los actores que influyeron en las modificaciones aparecen empresas, entidades financieras y la CGT. 

Los cambios incorporados al texto

• Se eliminó el artículo que proponía reducir del 30% al 27% las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas, ya que impactaba en las cajas provinciales.

• Se ratificó la obligatoriedad de la bancarización para el pago de salarios y se descartó el uso de billeteras virtuales.

• La derogación de estatutos y regímenes especiales comenzará a regir 180 días después de la sanción.

• El aporte solidario a los gremios continuará durante dos años, con un tope del 2%. En la actualidad, algunos sindicatos perciben hasta el 4%.

• No prosperó la reducción de las cargas patronales destinadas a obras sociales. La alícuota seguirá en 6% y no bajará al 5%.

• Las compañías seguirán actuando como agentes de retención de las cuotas sindicales.

• Se incorpora la palabra “especialización” a programas, cursos o seminarios cuyo pago debe documentarse mediante recibo.

• El reintegro de gastos de sepelio de familiares a cargo deberá estar respaldado por comprobante.

• Se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis para grandes empresas; hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas; y también en cuotas para personas humanas empleadoras.

• Se fijan nuevos porcentajes de contribución mensual obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs.

• Esos porcentajes podrán elevarse a 1,5% y 3% respectivamente si lo dispone el Poder Ejecutivo con aval de la Comisión Bicameral.

• Se suman como servicios esenciales estrictos: cuidado de menores y educación en niveles guardería, preescolar, primario, secundario y especial; transporte de caudales; seguridad privada y custodia.

• Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de su prestación normal.

• Se establecen topes para aportes: 0,5% de las remuneraciones para cámaras o asociaciones de empleadores; 2% para asociaciones de trabajadores.

• Desde el 1° de enero de 2028, los aportes a asociaciones de empleadores serán voluntarios. Desde esa misma fecha, el pago de cuotas o contribuciones sindicales requerirá consentimiento individual expreso.

• A partir del 1° de enero de 2028, el INCAA será financiado exclusivamente mediante partidas de la Ley de Presupuesto General.

• Si pasan tres años entre la finalización del vínculo laboral y el reingreso al mismo empleador, la antigüedad previa no será computada.

• En caso de accidente o enfermedad ajenos a la tarea laboral derivados de una actividad voluntaria y riesgosa, el trabajador percibirá el 50% del salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo, o seis meses si las tiene.

• Si la incapacidad no surge de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador cobrará el 75% del salario durante los mismos plazos. Las recaídas de enfermedades crónicas solo se considerarán nuevas si transcurren más de dos años entre episodios. Las suspensiones económicas o disciplinarias no afectan este derecho.

Puntos destacados desde la mirada empresarial

• Se redefine la “mejor remuneración” para calcular indemnizaciones: solo se considerará lo mensual, normal y habitual, excluyendo SAC, vacaciones y otros conceptos no mensuales.

• La indemnización será la única reparación por despido sin causa.

• Se establece un nuevo esquema de actualización de créditos laborales: IPC más 3% anual.

• Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones. Aporta el empleador: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs. El fondo será un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.

• Se simplifica la registración laboral a través de ARCA: el registro ante ese organismo será suficiente y no podrán exigirse requisitos adicionales. Los libros laborales se conservarán por 10 años y podrán digitalizarse con validez legal.

• Se redefine el alcance de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles y capacitación.

• Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas acordados entre empleador y trabajador.

• Las vacaciones podrán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar fuera de temporada y fraccionarlas con un mínimo de siete días.

• Se refuerza el derecho del empleador al control médico y a la junta médica en licencias por enfermedad.

• Se crea el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación y reconversión.

• Se establece el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar inversiones productivas, tecnología y expansión.

• Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la incorporación de nuevos trabajadores.

• Un convenio de empresa en una provincia podrá prevalecer sobre un convenio de ámbito nacional.

• El Ejecutivo asumió el compromiso de enviar una futura Ley de Reforma Fiscal integral para impulsar acuerdos entre Nación y provincias y reducir la presión tributaria.

Con estos cambios, el oficialismo buscará avanzar en el Senado en el marco de las sesiones extraordinarias. La discusión recién comienza y el escenario en Diputados aparece como el próximo gran desafío político.