Por: Redacción enAgenda

La investigación por el incendio que destruyó un depósito en la esquina de diagonal 77 y 48 dio un paso central esta semana cuando el fiscal penal Fernando Padován citó a Roxana Aloise, dueña y principal accionista de Aloise Tecno, a indagatoria. La medida llega después de múltiples pedidos de la querella y meses de expectativa en torno a la definición del expediente. 

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El siniestro, que ocurrió el 16 de julio de 2025, fue uno de los hechos que más conmocionó a la ciudad en el último año: una enorme columna de humo despertó a los vecinos en plena mañana, decenas de familias fueron evacuadas y las llamas consumieron por completo el depósito, provocando el derrumbe parcial del edificio y daños severos en propiedades linderas. 

Desde entonces, la investigación judicial transitó diversas etapas. Pericias técnicas descartaron un inicio intencional del fuego, inclinándose por causas accidentales, pero también se incorporaron elementos de prueba que complican la posición de la titular de la firma. Entre esos datos, la fiscalía y la querella relevaron que el depósito había sido clausurado por la Municipalidad de La Plata por no contar con habilitación ni medidas de seguridad, y que, pese a ello, continuó funcionando hasta que ocurrió el incendio. 

La citación a indagatoria, fijada para el 19 de febrero de 2026, responde a los pedidos formales presentados por el abogado Diego Dousdebes, que representa a una de las vecinas damnificadas, Claudia Verónica Salvi, quien perdió su vivienda como consecuencia directa del siniestro. La querella sostiene que existen suficientes indicios para avanzar con responsabilidades penales bajo la figura de estrago culposo y desobediencia a las órdenes de la autoridad de aplicación, ya que el lugar siguió funcionando pese a la clausura. 

Además de esa acusación principal, otro aspecto que complica a Aloise es su posición societaria: concentra el 95 % del paquete accionario de la empresa, lo que la ubica como responsable última del funcionamiento del depósito y de las decisiones operativas que se tomaban en el lugar. Esa situación fue incorporada como parte del análisis del fiscal para sostener el llamado a indagatoria, luego de que la causa penal no avanzara con definiciones concretas durante varios meses. 

Más allá del ámbito penal, el episodio del depósito incendiado también dejó secuelas civiles: se dictó la inhibición general de bienes de la empresa y de su titular, un paso que se suma al reclamo por reparaciones económicas por los daños materiales y estructurales que padecieron decenas de vecinos y comerciantes. 

Para los afectados y la comunidad de La Plata, la indagatoria representa un punto de inflexión en una causa que estuvo estancada por largos meses tras el siniestro. La expectativa ahora se centra en lo que Roxana Aloise pueda aportar ante la fiscalía y en si esa declaración deriva en un pedido de procesamiento formal o pasos hacia un juicio oral, marcando una nueva etapa en la investigación del incendio que marcó a toda la ciudad.