Por: redacción enAgenda

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre la empresa Fate y el SUTNA, tras el anuncio del cierre definitivo de su planta en San Fernando y el despido de 920 trabajadores. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, durante una audiencia virtual realizada este miércoles.

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La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto y establece que ambas partes deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren las relaciones laborales mientras duren las negociaciones. El objetivo es generar una instancia de diálogo que permita acercar posiciones y buscar una solución.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, señalaron en un comunicado que continuarán promoviendo instancias de mediación "en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente".

La provincia también intervino

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires replicó la conciliación obligatoria en el ámbito bonaerense, al considerar que el conflicto colectivo reviste "extrema gravedad". La cartera provincial sostuvo que la medida busca preservar la paz social y activar mecanismos legales para alcanzar una solución pacífica.

El anuncio del cierre de la planta tomó por sorpresa a los trabajadores, que aseguran haberse enterado durante la madrugada. La empresa, propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla, se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes, aunque desde el Gobierno anticiparon que las posibilidades de revertir la decisión son limitadas.

Cruces y tensiones políticas

El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo. En ese marco, el oficialismo cuestionó tanto al sindicato como a la empresa por el momento elegido para anunciar el cierre.

Fuentes oficiales señalaron que el Ejecutivo sigue de cerca el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la firma, especialmente en lo referido al pago de indemnizaciones.

Mientras tanto, la conciliación obligatoria abre un período clave de negociaciones para intentar destrabar el conflicto, aunque el futuro de la planta y los puestos de trabajo continúa siendo incierto.