Por: redacción enAgenda

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 correspondientes a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que habrían sido descontados pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

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La resolución, dictada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también incluyó la prohibición de salida del país para Tapia, Toviggino y el resto de los integrantes de la comisión directiva alcanzados por la investigación.

Según lo dispuesto por el magistrado, la AFA y Tapia deberán presentarse el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino y el director general Gustavo Lorenzo fueron citados para el 6 de marzo. En tanto, el secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez deberán declarar el 9 de marzo, en el juzgado ubicado en la avenida de los Inmigrantes 1950, en la Ciudad de Buenos Aires.

En su resolución, Amarante sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados” y advirtió sobre la gravedad de las acusaciones y la severidad de las penas previstas, que podrían alcanzar entre dos y seis años de prisión según el Régimen Penal Tributario.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada seis días después, en la que se investigan 69 hechos independientes vinculados a la presunta omisión del ingreso de retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social. Según la documentación judicial, el monto total incluye más de $8.675 millones en aportes previsionales, $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias, casi $2.000 millones en retenciones de ese impuesto y más de $663 millones en concepto de IVA.

De acuerdo con la querella, la AFA habría actuado como agente de retención, descontando los importes correspondientes pero sin transferirlos al fisco dentro de los plazos legales. El planteo sostiene que la entidad contaba con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, ya que registró importantes ingresos y constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.

La acusación también remarca que la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, lo que, según la hipótesis fiscal, descarta un error administrativo y permitiría inferir una conducta deliberada.

La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal. En esa instancia, los imputados podrán presentar su descargo o abstenerse de declarar. Por el momento, la causa se encuentra en etapa de instrucción y la eventual responsabilidad penal deberá determinarse a lo largo de la investigación y, eventualmente, en un juicio oral.