Por: Redacción enAgenda

El Gobierno de Javier Milei ya trabaja en la reglamentación de la reforma laboral y apunta a publicarla en la primera semana de marzo, con el objetivo de “blindar” la norma frente a una ola de presentaciones judiciales que da por descontadas.

En la Casa Rosada reconocen que la judicialización será “inevitable” una vez que la ley entre en vigencia. Por eso, equipos técnicos y jurídicos revisan el texto del decreto reglamentario para reducir márgenes de interpretación y litigiosidad, especialmente en los artículos vinculados a la transición y al alcance de la nueva normativa.

En paralelo, el Ejecutivo respalda su estrategia en el rediseño del mapa judicial laboral, que contempla la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la progresiva disolución del fuero nacional.

Desde Balcarce 50 sostienen que esa arquitectura jurídica cumple un rol clave para disminuir el impacto de cautelares y unificar criterios en tribunales. En el oficialismo aseguran que el proceso terminará definiéndose en la Corte Suprema y confían en contar con argumentos suficientes para sostener la constitucionalidad de la reforma.

Por su parte, sectores del sindicalismo, incluida la CGT, ya adelantaron que impulsarán demandas contra distintos artículos de la ley, con énfasis en la protección del trabajo y el principio de no regresividad de derechos.

El Gobierno apuesta a que la reglamentación funcione como un escudo técnico y político en el inicio de la implementación. La “letra fina” del decreto será determinante para marcar el rumbo de los primeros casos testigo y el escenario judicial que se abrirá en las próximas semanas.