Por: Ramiro Florio

La CGT se reunirá en las próximas horas junto a sus máximos referentes para definir la estrategia judicial para frenar la reforma laboral. Desde la central obrera afirman que la aprobación de la ley es un hecho, ya que el gobierno cuenta con los votos necesarios para ello y preparan una ofensiva judicial.

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Si bien en un momento se evaluó la posibilidad de realizar otro paro general a pedido del sindicalismo del sector más combativo, desde la CGT confirmaron que sería un despropósito al ya no poder modificar la decisión del Senado y el alto costo político que podría tener el mismo.

Por este motivo, desde la central obrera están hace semanas trabajando con todo su equipo juridico en el texto de la reforma evaluando una posible ofensiva judicial para declarar insconstitucional la ley y frenar su aplicación.

La denuncia hará hincapié sobre el artículo 14 bis de la Constitución Nacional afirmando que la nueva norma va en contra del principio de protección del trabajador y avanza sobre la no regresividad de los derechos sociales previamente adquiridos.

Principalmente apuntan sobre los cambios en el derecho a huelga, la ampliación del periodo de prueba y la modificación del esquema indemnizatorio que modificará el sistema de indemnizaciones con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) donde los empleadores podrán retener del 1 al 3% del sueldo del empleado (de acuerdo a cada caso) para posteriormente poder abonar la indemnización en caso de despido.

Este recurso de insconstitucionalidad deberá ser presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal donde esperará por una definición sobre la normativa.

El plan de defensa del Gobierno de Javier Milei ante el recurso que presentará la CGT

Desde el Gobierno de Javier Milei son conscientes del movimiento de la central obrera y sus intenciones de frenar la reforma y es por esto que preparan una reglamentación que aprobarán por decreto durante la primera semana de marzo, una vez que se promulgue la ley el viernes.

El oficialismo reconoce que la judicialización de la ley será inevitable y con ello buscará apelar a dicho reglamento, que esperan que funcione como un escudo técnico y político para la aplicación de la ley.

El mismo tendrá precisiones sobre la aplicación de la norma, su alcance y también buscará reducir los márgenes de interpretación y litigiosidad de la reforma para evitar conflictos en el ambito judicial.

Desde los principales referentes de La Libertad Avanza aseguran que el conflicto terminará resolviéndose en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y confían en contar con los argumentos suficientes para que el fallo sea la constitucionalidad de la reforma.

Por otro lado, afirman en que el recurso que presentará la CGT es meramente simbólico ya que la reforma laboral no alcanza directamente a la central obrera, representando tan solo un rechazo a la nueva normativa.