Por: Redacción enAgenda

La reforma laboral ya entró en vigencia en la Argentina. La Ley de Modernización Laboral fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026 e introduce cambios importantes en la forma en que se calculan las indemnizaciones y en el funcionamiento de los juicios laborales.

El texto modifica distintos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo y redefine tanto el cálculo de indemnizaciones como el funcionamiento de los juicios laborales. Para el Gobierno, el objetivo es reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad al sistema. Sin embargo, desde sectores sindicales y laborales advierten que la reforma implica un retroceso en derechos conquistados durante décadas.

 

Cómo se actualizarán las indemnizaciones

Uno de los puntos centrales de la ley es el nuevo sistema de actualización de los créditos laborales.

A partir de ahora, los montos que se reclamen en juicios laborales se actualizarán utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, al que se le sumará un interés adicional del 3% anual hasta el momento del pago.

Esto significa que el valor de las indemnizaciones seguirá el ritmo de la inflación, con un pequeño incremento adicional.

Además, la reforma establece un nuevo criterio para calcular las indemnizaciones por despido. El monto se determinará en función del salario básico, la antigüedad y las sumas legales, pero ya no incluirá horas extras, plus salariales ni gratificaciones extraordinarias.

En los casos de despido sin causa, la compensación será equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, tomando como referencia el mejor salario del último período.

 

Cambios en los juicios laborales

La reforma también introduce modificaciones en la forma en que se pagan las sentencias judiciales favorables a trabajadores.

Las empresas podrán abonar las condenas en cuotas: hasta 12 pagos mensuales en el caso de las pequeñas y medianas empresas y hasta seis cuotas para las grandes compañías. Esos montos también se actualizarán por inflación más el 3% anual.

La ley también establece límites a los intereses aplicados en los procesos judiciales y busca unificar criterios que hasta ahora variaban entre distintos tribunales.

Entre los cambios más debatidos aparece la modificación del esquema de jornada laboral.

La normativa habilita jornadas de hasta 12 horas diarias bajo un sistema denominado “Banco de Horas”, mediante el cual el tiempo trabajado de más en determinados días puede compensarse con descansos en otros momentos.

Este sistema reemplaza el esquema tradicional de horas extras pagas, lo que genera cuestionamientos por parte de sindicatos y especialistas en derecho laboral.

La ley también habilita que parte del salario pueda pagarse en especie, es decir, mediante bienes o servicios como alimentos o alojamiento, además del pago en dinero.

 

Impacto en convenios colectivos y sindicatos

La reforma introduce cambios en la negociación colectiva. A partir de ahora, los convenios firmados en una empresa podrán prevalecer sobre acuerdos de mayor alcance, como los de una rama de actividad.

Esto implica una descentralización de la negociación laboral, ya que cada empresa podrá acordar condiciones con sus trabajadores que difieran del convenio general del sector.

La norma también establece nuevas restricciones a la actividad sindical. Las asambleas durante el horario laboral deberán contar con autorización del empleador y los delegados tendrán un límite de diez horas mensuales pagas para ejercer funciones gremiales.

Además, se endurecen las condiciones para las medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales o trascendentales, donde se deberá garantizar un nivel mínimo de funcionamiento.

La reforma también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir indemnizaciones por despido con recursos provenientes del sistema previsional y aportes vinculados al empleo.

Para el Gobierno, el conjunto de medidas apunta a modernizar el sistema laboral argentino y reducir conflictos judiciales. En cambio, sindicatos y organizaciones de trabajadores sostienen que la norma reduce protecciones laborales históricas y fortalece la posición de las empresas en la relación laboral.

El verdadero impacto de la reforma comenzará a verse en los próximos meses. Por ahora, genera controversias en todos los sectores menos para el gobierno y los sectores corporativos.