Por: Redacción enAgenda
La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados no fue solo una votación más. Detrás de los 137 votos a favor hay un cambio profundo que redefine el equilibrio entre ambiente, provincias y actividad económica. Y ese cambio ya genera tensión.
Hasta ahora, la ley protegía de manera amplia a los glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.
Con la modificación, el criterio se vuelve más flexible: solo quedarán estrictamente protegidas las áreas con “función hídrica comprobada”.
En la práctica, esto abre la puerta a habilitar actividades -incluida la minería- en zonas que antes estaban bajo resguardo general.
Otro punto clave es el rol provincial. La reforma le da mayor autonomía a cada provincia para definir qué zonas proteger y bajo qué criterios. Esto cambia el esquema anterior, más centralizado y basado en parámetros científicos homogéneos.
Para el oficialismo, esto fortalece el federalismo. Para la oposición y organizaciones ambientales, introduce discrecionalidad.
El dato político que explica la aprobación es el acompañamiento de bloques como el PRO y la UCR, que permitieron alcanzar la mayoría. Pero también hubo una estrategia clara: acelerar la votación con bajo nivel de confrontación discursiva, una vez asegurados los números.
También se da luego de que Javier Milei confirme que distribuirá $400 mil millones entre provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
La ley ya fue aprobada, pero el debate está lejos de cerrarse. Porque lo que está en discusión no es solo una norma, sino un modelo:
El impacto real de la reforma no se va a medir en el Congreso, sino en el territorio. Y ahí, la discusión recién empieza.