Por: Redacción EnAgenda

El Gobierno nacional y las cámaras empresarias del transporte no lograron alcanzar un acuerdo para destrabar el conflicto que afecta el servicio de micros en La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras una reunión clave realizada este jueves.

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Pese al resultado, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y volver a reunirse el próximo martes, mientras avanzan en la conformación de mesas técnicas para analizar una posible reestructuración integral del sistema. En ese marco, las empresas adelantaron que comenzarán a restablecer gradualmente las frecuencias, que en los últimos días se redujeron entre un 30% y un 50%.

El eje del conflicto radica en el desfasaje entre los costos operativos y los subsidios estatales. Las empresas aseguran que el valor del gasoil, que actualmente pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, supera ampliamente el precio reconocido en la estructura oficial, fijado en $1.750.

Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que los pagos se vienen cumpliendo y destacan que ya se abonó el 60% del anticipo de las compensaciones tarifarias correspondientes a abril.

Tras el encuentro, Daniel Tenisi, titular de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), señaló que una de las propuestas en discusión es unificar la tarifa entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque advirtió que el problema del combustible sigue sin resolverse.

En paralelo, desde la Provincia estimaron que cubrir la brecha actual del precio del gasoil implicaría un costo adicional cercano a los $20.000 millones mensuales, un monto que consideran “insostenible” en el actual contexto económico.

Actualmente, el sistema de transporte funciona con subsidios por unos $90.000 millones mensuales, que cubren el 65% del costo del boleto, mientras que el 35% restante es afrontado por los usuarios. La discusión de fondo gira en torno a cómo sostener el servicio sin trasladar el impacto total a las tarifas.

Mientras continúan las negociaciones, tanto el Gobierno bonaerense como los municipios evalúan sanciones para las empresas en caso de que persistan los recortes en las prestaciones.