Por: Redacción enAgenda
La Justicia avanzó sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal tanto de él como de su esposa, Bettina Angeletti, y de una empresa vinculada a la pareja. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
La decisión forma parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y habilita a los investigadores a acceder sin restricciones a cuentas bancarias, movimientos financieros, inversiones y declaraciones impositivas de los involucrados.
Además, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres identificadas en el expediente como prestamistas o acreedoras del funcionario: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
El objetivo de la resolución es reconstruir el circuito financiero de Adorni y su entorno para determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.
El levantamiento del secreto permite rastrear transferencias, depósitos, préstamos, inversiones y cualquier operación relevante, una herramienta central en investigaciones por delitos económicos o lavado de activos.
En ese sentido, la fiscalía busca identificar posibles inconsistencias o movimientos que no puedan justificarse con la información presentada hasta el momento.
Pollicita solicitó relevar toda la información financiera desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de analizar el patrimonio del funcionario antes y después de su ingreso a la función pública.
El pedido incluye cuentas bancarias, tarjetas, plazos fijos, créditos, cajas de seguridad y también operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, CVU y plataformas digitales.
A su vez, se requirió a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, junto con documentación complementaria que permita reconstruir en detalle la evolución patrimonial.
La medida marca un punto de inflexión en el expediente. Hasta ahora, la investigación se apoyaba principalmente en documentación aportada y bienes declarados. Con esta decisión, la Justicia pasa a analizar el flujo real del dinero.
Si bien el levantamiento del secreto no implica una definición de responsabilidad, sí indica que la causa ingresó en una fase más sensible, centrada en el análisis detallado de los movimientos financieros del funcionario y su entorno.