lunes 12 de abril de 2021 - Edición Nº859

Opinión | 27 dic 2020

Una deuda de la que pocos hablan: el desafío de afrontar la desmanicomialización


Por: Juan Ignacio Sueldo

Una tarde cualquiera, de un domingo cualquiera me lesioné jugando al futbol. Cosas del destino, mala fortuna,  y un movimiento torpe del jugador contrario hicieron que mi nariz impacte de lleno contra el codo del corpulento número 2 en la disputa de un córner. La sangre invadió rápidamente mi rostro, y en menos de 10 minutos estaba en un hospital donde me dieron las primeras atenciones. Luego  una radiografía lo confirmaba: había que operar. Días después, volví al mismo hospital. En la sala de espera, desfilábamos los pacientes con distintos problemas. Allí, pude dar cuenta de la buena suerte de encontrarme ahí por un mero infortunio en un partido de fútbol, y no por otra de las múltiples patologías que allí atendían, más graves que la mía en el mayor de los casos. Durante el reposo postoperatorio, aproveché para reflexionar, cosa que hace uno cuando el reloj se detiene por avatares del destino como el que me había sucedido. En esa reflexión y repaso de mi visita al hospital advertí algo: Había escuchado que atendían a gente con muchas enfermedades distintas, y que allí trabajaban especialistas de muchísimas ramas de la medicina. Sin embargo, no me había cruzado con nadie que vaya a tratarse por cuestiones de salud mental. Consulté con un amigo médico, el cual me contestó: “para eso están los psiquiátricos”.

Tenía razón. En la Argentina, la salud mental es una tarea que recae (¿únicamente?) en los “dispositivos monovalentes”, o manicomios. Es allí donde se atienden las cuestiones relativas a salud mental en la actualidad.

Precisamente, según datos de agosto de 2019 brindados por el ministerio de salud (secretaría, en ese momento) hay 12.035 personas que viven allí. ¿Viven? Sí, esa es la palabra. El promedio de permanencia de un usuario (la forma correcta de referirse a los pacientes) dentro de un hospital psiquiátrico es de 8,2 años, siendo en instituciones públicas de 12,4 años y en privadas de 4,2 años.

12 años. El mismo tiempo que en promedio se tarda en terminar la primaria y la secundaria; o cuatro contratos de alquiler consecutivos, con el plazo de la nueva ley de alquileres; o la vida entera de un niño que nació en 2008.

Resulta obvio y conocido que no todos los problemas de salud se tratan de la misma manera, y la extensión de los tratamientos, dependiendo del tipo de padecimiento, variará en el tiempo pudiendo incluso extenderse durante toda la vida en algunos casos. Lo que si resulta llamativo es que 12.035 personas tengan que vivir en un hospital durante tanto tiempo. Más aún, cuando sabemos que la mayor parte de esas personas se encuentran durante su estadía bajo el efecto de fuertes psicofármacos que le impiden, en muchas oportunidades, su vinculación con el entorno y la comunidad, imposibilitando el acceso a un trabajo, y al goce pleno del resto de sus derechos. Si a ello le sumamos el paupérrimo estado edilicio, habitacional e higiénico al cual se somete a los usuarios de muchos manicomios del país, la situación se vuelve urgente.

Ante este escenario, y tratando de brindar respuesta a un sector de la sociedad al cual se le ha dado la espalda durante siglos, surge en 2010 la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone como alternativa a la atención psiquiátrica monovalente actual, un modelo  integral y comunitario de atención de las problemáticas de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, que los tratamientos deben realizarse en hospitales polivalentes, como se tratan el resto de las especialidades (a los cuales, por supuesto, debe dotárselos de recursos para ello) en combinación con centros comunitarios que atiendan al usuario de forma ambulatoria, dejando la internación para los casos en los que sea realmente necesario y no haya una alternativa posible. La misma, de ser necesaria, no podrá tener una prolongación indefinida en el tiempo que pueda provocar la desvinculación de la persona con el entorno social. A su vez, desde el cuerpo de la ley se propone que la cartera de salud trabaje en conjunto con otros sectores, como por ejemplo, el ministerio de trabajo, a los fines de tender los puentes necesarios para una fluida conexión de los usuarios y la comunidad. Se propone, también, el trabajo interdisciplinario de la medicina, conjuntamente con la psicología y el trabajo social, entre otras ramas del saber.

El manicomio, históricamente, funcionó y funciona como un perverso mecanismo institucional de exclusión de todo aquel que cae en suerte de llegar allí. ¿Quiero decir con esto que está mal que alguien sea internado por un problema de salud mental? Para nada (siempre y cuando la internación se ajuste a lo dispuesto en la ley). Lo que sí resulta inaceptable para un país que ratificó un caudalosa número de tratados internacionales de Derechos Humanos dándoles jerarquía constitucional, es que sigan existiendo casos de personas convertidas en fantasmas, despojadas de cualquier signo de plenitud humana y depositadas durante muchos años en instituciones que, mientras deberían avocarse a mejorar la calidad de vida de quienes llegan a sus puertas, se dedican a esconder bajo la alfombra lo que no es grato a la vista de los ojos burgueses de nuestra sociedad.

Legalmente, el año 2020, no es uno más respecto a este tema. Se aproxima el 31 de diciembre. Al finalizar este año, según lo dispuesto por el decreto 603/2013 (decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental), vence el plazo para adaptar el sistema monovalente actual, al integral comunitario que propone la vigente ley. Esta deuda, no es la que aparece en la primera plana de los diarios, ni en la que se invierten horas y horas de aire televisivo en la cual diversos expertos hablan sobre cómo le darían solución. Esta deuda, solo le importa a un puñado de ONGS, académicos, trabajadores y profesionales de la salud mental pero, principalmente, a los usuarios del sistema y sus familiares.

En octubre de este año, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco del cierre de la semana de la salud mental, recibió proyectos de 4 hospitales públicos monovalentes, para dejar de ser manicomios y adaptarse a lo exigido en la ley. Del acto participaron el Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán; su vice, Nicolás Kreplak y Julieta Camels, Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud Pública. Fue esta funcionaria la que recientemente, en diálogo con Página 12, admitió que al asumir la actual gestión del gobierno, se registraron 1.810 personas internadas en hospitales públicos monovalentes dentro del ámbito de la provincia de las cuales el 43% llevaba más de diez años de internación, con las graves consecuencias que eso acarrea para la individualidad de quien padece el encierro.

A su vez, Camels detalló proyectos que el gobierno provincial empezó a contemplar para adaptar el sistema de salud mental a lo exigido por la ley 26.657 encarando la cuestión desde distintos aristas y de forma progresiva, principalmente impidiendo nuevos ingresos a los pabellones crónicos, a la vez que se trabaja en las externaciones de los usuarios de este mismo sector, de forma paulatina. Detalla Página 12 que para ello se gestionaron 6 nuevas residencias de externación y se reactivó la construcción de 10 viviendas en la localidad de Melchor Romero para usuarios del hospital A. Korn.

Parecería, según las últimas novedades, que al menos en la Provincia de Buenos Aires, asoma alguna luz y hay algún avance en la cuestión, aunque sin duda aún quede mucho camino por recorrer para dar respuesta al reclamo de los trabajadores y usuarios del sistema de salud mental de la provincia, que durante muchos años, y desde la sanción de la ley, luchan para que se respeten los derechos humanos y la dignidad de quienes son parte del sistema.

Sería bueno que esta deuda existente en cabeza del Estado argentino, comience a ocupar el espacio que merece en el debate público. Ya han sido muchos años de silencio, de encierro, y de tristeza para seguir mirando hacia un costado. Existen recursos, voluntad y calidad humanos para brindar una atención especializada en salud mental, de forma  integral, comunitaria e interdisciplinaria. ¿Estará a la altura la clase política, de dar respaldo al cumplimiento de la obligación que el Estado asumió en 2013 y cumplir con este desafío? El deseo de quien escribe es que al menos, quien se encuentre con estas líneas sepa, que tiene algo más para exigir si pretende vivir en una Argentina más justa.

 

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