Un grupo de Diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada por el Congreso tres años atrás. Con las firmas del jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, Lilia Lemoine y otros cuatro legisladores, el proyecto define al aborto como un “delito”.

"Entendemos que dicha ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por la cuales corresponde promover su derogación”, señalan en los fundamentos de la iniciativa.

Luego del revés de la Ley Ómnibus, donde el gobierno quedó debilitado a los ojos del mundo, realizaron esta presentación que vuelve a ponerse en la agenda social del país. Hay quienes asocian que tiene que ver con una jugada de Milei a pocos días de su encuentro con el Papa Francisco. 
 

Este proyecto propone modificar el Código Penal en relación a los abortos legales que existen en el país desde 1921, al quitar ese derecho a mujeres y personas gestantes que enfrenten un embarazo forzado, producto de una violación o abuso sexual. Solo permite el aborto cuando haya “peligro inminente” para la vida de la mujer y quedará a discrecionalidad de los magistrados: “El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho”, establece el documento.

Tambien aumenta las penas de prisión para quienes se sometan a un aborto voluntario y para quienes lo realicen y deroga las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculicen las prácticas.

El proyecto lleva la firma solo de legisladores y legisladoras oficialistas y también quita la figura de persona gestante que incluye a los varones trans como sujetos de derecho que pueden requerir un aborto. Sin embargo ningún diputado o diputada de otra bancada acompaña a la iniciativa.

Los diputados de LLA remarcaron: “La tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral. La clase política debe retomar el concepto de “bien común” como elemento fundante del principio de jerarquía. Así se recupera una legitimidad que hoy es cuestionada, y que solo se reconstruirá si se despliegan las condiciones institucionales, materiales y espirituales que posibiliten el normal y pleno desarrollo de todos y cada uno de los argentinos”.