En el marco de las reformas impulsadas por la Ley Bases, este viernes el Gobierno de la Nación puso en vigencia el silencio positivo, el cual consiste en que si el Estado no da respuesta a un trámite administrativo al flnalizar determinado plazo, su omisión será considerada un sí.

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El Decreto 971/24 lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y se enmarca en la modificación del artículo 10 de la Ley 19.549, el cual establece que a partir del vencimiento de un plazo específico para un trámite, el silencio de Estado se establece como una aprobación.

Esta disposición incluye a las peticiones que corresponden a la administración pública nacional centralizada y descentralizada, y no aplica para cuestiones vinculadas a la salud, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público.

"A partir de la promulgación de la ley hicimos un relevamiento de trámites a los que aplicaría este criterio los que luego fueron validados por la Secretaria de Planeamiento Normativo a cargo de María Ibarzabal. La 971/24 implementa el mecanismo para dichos trámites", señaló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. 

Asimismo, el ministro destacó: "El proceso de recopilación sigue, así como la revisión de cada uno de estos trámites para su eventual derogación. El ejercicio nos reveló infinidad de obligaciones que el Estado imponía cuya existencia desconocíamos".

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