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Por: Juan Ignacio Sueldo
Año 1999. Yo Tenía 4 años. Los fines de semana, teníamos un circuito obligado con mi abuela: Primero, una película en el cine, luego una merienda en McDonald´s, y todo culminaba en una casa de videojuegos que estaba frente a la legislatura bonaerense.
Para ese entonces, ya me veía involucrado en romances, y aunque simulara timidez cuando me consultaban sobre ello, lo cierto es que me gustaba el protagonismo que me otorgaba relatar aventuras y desventuras amorosas. Un sábado de otoño, mientras merendábamos una hamburguesa, mi abuela me consultó pícaramente sobre una chica que me gustaba:
-¿Cómo sabés que me gusta esa chica, abuela?
-¡Me lo contó un pajarito! – contestó ella con una sonrisa.
Cuando era niño, cada vez que alguien enunciaba esa frase, imaginaba que un canario se posaba en el hombro de la persona y le susurraba todo el chisme en cuestión.
Lo cierto es que hoy en día, mucha de la información que llega diariamente a nuestra esfera de conocimiento nos la cuenta un pajarito, aunque muy distinto (y mucho más poderoso) al que yo imaginaba en mi infancia.
Este pajarito nació en el año 2006, creado por el Estadounidense Jack Dorsey (44), y lleva el nombre de “Twitter”. La red social de mensajes cortos posee según datos de diversas páginas web más de trescientos millones de usuarios activos alrededor del mundo. La comunidad virtual, es la preferida de muchos líderes mundiales para hacer oír sus opiniones respecto a temas de actualidad, y dar anuncios de variada relevancia, que a veces hasta sacuden el escenario político local, nacional o mundial.
En Enero de este año, Twitter estuvo en el centro de la polémica: Luego de una seguidilla de tuits de Donald Trump, recientemente derrotado en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el directorio de Twitter decidió, en primera instancia, suspender su cuenta de forma definitiva, alegando que sus mensajes incitaban a la violencia y ponían en peligro la seguridad pública, debido a que muchos de sus seguidores protagonizaron una toma del capitolio en la ciudad de Washington
D.C. mientras en el edificio se llevaba a cabo el recuento de votos que tenía a Trump como perdedor ante Joe Biden.
Donald Trump utilizaba Twitter como su canal primordial para dirigirse a sus partidarios, y también, a sus más acérrimos detractores. Mientras existió, su usuario (@realDonladTrump) tuvo más de ochenta millones de seguidores y lo utilizaba tanto para comunicar el rumbo de su gobierno, como para responder críticas a opositores. También daba su opinión sobre cuestiones de actualidad, las que solían generar mucha polémica, debido a su estilo directo y su carencia absoluta de corrección política.
Dejando de lado la opinión que cada uno pueda tener sobre Donald Trump, llama la atención que el directorio de una empresa privada haya tomado la decisión de silenciar al presidente (nada más y nada menos que de los Estados Unidos), de forma permanente y sin posibilidad alguna de revisión, dando como único justificativo: “Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter”. Si bien luego el CEO de Twitter, Jack Dorsey, se lamentó por lo sucedido, y dijo que su compañía solo velaba por la seguridad pública de los ciudadanos al cerrar la cuenta, ¿No se supone que esta tarea solo le corresponde a los Estados?
Esto dispara varios interrogantes vinculados a la concepción clásica del derecho a la libertad de expresión, consagrado constitucionalmente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo occidental. En el caso de Argentina, nuestra Constitución consagra en el artículo 14 la faz individual del derecho y en el 36 garantiza la posibilidad de difundir sus ideas a los partidos políticos. Estados Unidos garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión en la Primera Enmienda de su Constitución. Ambos textos, fueron redactados en contextos históricos muy distintos a los actuales, y se sirvieron de la filosofía política liberal imperante en la época, donde se buscaba proteger a los individuos que formaban parte de una nación ante el poder de los nacientes Estados.
Otorgando este derecho, se busca evitar la censura de cualquier ciudadano cuando este diga algo que incomode o sea contrario a las ideas del poder gobernante, y también establece la libertad de que cualquiera pueda publicar sus ideas por la prensa sin que el Estado se meta a revisar qué puede o no publicarse.
La censura previa, está prohibida en nuestro país, sin embargo, el derecho a la libertad de expresión, no es absoluto. Este tiene límites, y por lo tanto, si un periódico publicara algo que provoque un daño en la imagen de otro y esto sea susceptible de probarse ante un tribunal de justicia, ello generará responsabilidades para el medio. Lo mismo ocurre con la difusión de material sensible o prohibido, o aquel que haga eco de una idea racista, fomente el odio hacia algún grupo en particular, etc.
En nuestro esquema jurídico, previo a cualquier censura de información, debe darse un proceso judicial. Esto significa que un juez imparcial escuchará a ambas partes, y en función de eso decidirá si lo publicado resulta o no en un abuso del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, o lesiona derechos de terceros, lo cual autorizará la censura.
Sin embargo, el caso de Trump, pone en jaque esta lógica. Hoy las redes sociales brindan la posibilidad de opinar ¿de forma libre e irrestricta? sin necesidad de pasar por el tamiz editorial de un diario e igualmente llegar a miles de personas. De hecho, actualmente, muchos de los comunicadores con más repercusión en el país y el mundo, no forman parte de ningún gran medio televisivo ni escriben en diarios de relevancia: Simplemente usan Twitter o cualquier otra red social (facebook, Instagram, youtube, etc.). Esto, abre dos puertas: La primera, es una mayor posibilidad para cualquier ciudadano de expresar sus ideas, y que estas sean visualizadas por millones de personas, sin recurrir a un medio tradicional. La segunda, es la que abre el debate:
¿Quién regula el uso de estas plataformas que se suponen de uso libre? ¿El hecho de que sean empresas privadas las que proveen el servicio les da potestad de hacer cualquier cosa con nuestras publicaciones? ¿Tienen la facultad de decidir que está bien y que está mal decir?
En los Estados Unidos, hay una norma conocida como “sección 230” que regula la relación entre las redes sociales y sus usuarios, y establece que estas empresas no son responsables por el contenido que sus usuarios suban: En principio, si un usuario sube algo ilegal a Twitter por ejemplo, el responsable de ello es el usuario y no la empresa. En nuestro país, no tenemos ninguna norma similar.
Tanto Twitter como otras redes sociales, han ido modificando sus parámetros de control respecto a las publicaciones de los usuarios, con la finalidad de evitar los mensajes de odio y las noticias falsas. No parece algo negativo que se tome una postura activa y moderen los contenidos para evitar la difusión de este tipo de mensajes. Sin embargo, ¿no les estamos otorgando demasiado poder? ¿Qué pasa cuando otorgamos la potestad de vigilancia de lo que puede o no decirse a manos privadas? ¿Bajo qué criterios sus directorios elegirán que puede o que no puede decirse, y quién puede o no hacerlo? ¿Se puede ejercer un control externo a las empresas, en caso de que cometan abusos, o al aceptar los términos y condiciones de servicio debemos aceptar sin chistar que cierren una cuenta que no coincide con lo que estas plataformas consideran correcto?
Si bien estos espacios cuentan con un catálogo de conductas consideradas contrarias a sus reglas, también es cierto que se reservan el derecho discrecional de eliminar publicaciones, o suspender la cuenta del usuario cuando lo consideren oportuno. Esto puede resultar útil y hasta favorable en algunos casos, pero, cuando se silencia a un presidente que fue votado por más de setenta millones de personas, comienza a resultar al menos, un poco extraño.
La censura de Trump no es tan importante por la censura en sí misma, sino por lo que esto simboliza: la crisis de la narrativa filosófica liberal, que guía el curso de nuestras sociedades desde finales de Siglo XVIII hasta nuestros días: El poderoso capaz de censurarnos ya no es el Estado. El directorio de una empresa puede callar al presidente del país más poderoso del mundo sin dar demasiadas explicaciones. El interrogante está abierto: ¿Cómo haremos para dosificar el poder que ya le otorgamos a estos gigantes? Normas de empresas privadas ya están influenciando más en la conducta de las personas, que las emitidas por los parlamentos: ¿Deberían los Estados dar una respuesta? Nuestras vidas cada vez dependen más de los medios digitales. Dependemos de ellos para trabajar, comprar, vender, enamorarnos, curarnos, informarnos, estudiar, etcétera ¿vamos a dejarnos someter a las reglas que impongan quienes crean estos servicios?, Teniendo en cuenta que empresas privadas se toman la atribución de ejercer funciones que típicamente eran potestad exclusiva de los estados ¿asumiremos de forma pasiva la caducidad del sistema democrático y representativo como el mejor modo conocido de regulación de nuestras interrelaciones? ¿Podremos adaptar los valores de la democracia y la forma republicana de gobierno a esta nueva era digital?