El Gobierno de Santa Fe pasó a disponibilidad a al menos 20 integrantes de la Policía provincial que participaron de las protestas y acuartelamientos registrados durante la noche del lunes, en reclamo de mejoras salariales. La cifra de efectivos sancionados, que incluye el retiro de armas, será mayor y varios de ellos serán denunciados por ilícitos penales.

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Las medidas fueron confirmadas por el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien este martes fijó la postura de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro durante una conferencia de prensa. El funcionario calificó de “atendibles” los reclamos de la fuerza, aunque remarcó que el Ejecutivo no está dispuesto a negociar poniendo en riesgo la seguridad pública.

“La protesta es legítima y la acompañamos”, sostuvo Cococcioni, al tiempo que reconoció que “las necesidades y problemas” de la policía “son atendibles”, ya que “una mejora en la seguridad de los santafesinos implica atender las mejoras de nuestras fuerzas de seguridad”. Sin embargo, advirtió: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociaciones la seguridad de la provincia”.

El ministro aclaró que la política salarial de la Policía no se discute en una paritaria propia, sino que se equipara a la de la administración pública provincial. No obstante, admitió que las fuerzas de seguridad han recibido un diferencial porcentual y que el sector “merece un reconocimiento mayor”.

En paralelo, informó que las sanciones alcanzaron a uniformados que “abandonaron el servicio policial” y aseguró que el Gobierno provincial “está dispuesto a dialogar” para encauzar el conflicto.

“Grupos con intereses particulares”

Cococcioni sostuvo que la protesta también fue impulsada por “grupos marginales y desplazados” dentro de la Policía de Santa Fe, que “no se resignan a haber perdido posiciones de poder y privilegio”. Según afirmó, en parte de la manifestación hubo participación de personas “allegadas a sectores policiales vinculados a delitos gravísimos”.

“El Gobierno no va a dejar pasar ni consentir que se mine la política de seguridad”, advirtió. Además, denunció que “se fueron montando determinados grupos con intereses particulares y sectoriales, con acciones violentas y antijurídicas, hostigando al personal policial, sembrando fake news y tratando de desestabilizar el despliegue preventivo”.

Impacto en la seguridad

El ministro señaló que el patrullaje “se está sosteniendo, no con normalidad, pero con esfuerzo”, y precisó que “al menos 20 unidades de patrulla urbana fueron paralizadas" y ubicadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional 2, en Rosario, como parte de la protesta.

En ese sentido, advirtió que a los agentes que dejaron de patrullar “les podría caber responsabilidad penal” si ocurriera un delito que no pudiera ser evitado por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Finalmente, Cococcioni afirmó que algunos sectores buscan “golpear la política de seguridad” que impulsa la provincia junto al Gobierno nacional. “Le guste a quien le guste, esta es la política que está bajando el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia”, sostuvo, y reveló que la situación es monitoreada en coordinación con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.