Por: Redacción enAgenda

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una nueva audiencia por el reclamo que la Provincia mantiene con el Estado nacional por la deuda previsional. El monto en discusión supera los $2,2 billones y corresponde a transferencias que, según la administración bonaerense, dejaron de enviarse desde comienzos de 2024.

Un reclamo clave para las cuentas provinciales

La audiencia, prevista para las 11, será la segunda instancia de negociación entre las partes. A diferencia del primer encuentro, el mandatario provincial participará personalmente, en una señal política que busca reforzar el reclamo en un expediente clave para las finanzas bonaerenses.

El eje de la disputa está en los fondos que la Nación debe girar para sostener el sistema jubilatorio de la Provincia, que no fue transferido a la órbita nacional. Buenos Aires es una de las jurisdicciones que mantiene su propia caja previsional -a través del Instituto de Previsión Social (IPS)-, lo que implica que el Estado nacional debe compensar su déficit mediante transferencias periódicas.

Desde la gestión provincial sostienen que esos envíos fueron interrumpidos y que, pese a haber presentado la documentación requerida, no hubo avances concretos en el reconocimiento de la deuda. En la primera audiencia, representantes nacionales argumentaron que no contaban con información suficiente para estimar el monto, lo que derivó en la convocatoria a un nuevo encuentro.

El reclamo incluye distintos componentes: anticipos adeudados, actualizaciones pendientes de años anteriores y diferencias entre el déficit real del sistema y los montos transferidos sin ajuste. En ese marco, la Provincia también cuestiona el decreto que suspendió las transferencias y busca que se restablezcan de forma inmediata.

Siete demandas y un conflicto que excede lo previsional 

El conflicto previsional se inscribe en una disputa más amplia entre la Provincia y el gobierno de Javier Milei. La administración bonaerense mantiene otras siete demandas ante la Corte por recortes en distintos fondos, como seguridad, transporte, educación y obras públicas. En conjunto, los reclamos superan los $15,6 billones.

La resolución de este caso no solo tendrá impacto en las cuentas provinciales, sino que también podría marcar un precedente para otras jurisdicciones en situaciones similares. Por ahora, el proceso sigue abierto y dependerá de si las partes logran acercar posiciones o si el máximo tribunal avanza hacia una definición judicial.